La Diputación Permanente convalida el tercer paquete de medidas de respuesta al conflicto en Oriente Próximo
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este viernes el tercer paquete de medidas urgentes diseñado para paliar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Próximo. El real decreto ley ha obtenido una amplia mayoría con 62 votos a favor, procedentes de las filas del PSOE, PP, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y Podemos. Por su parte, la iniciativa ha contado con seis votos en contra de Vox y una abstención por parte de Junts.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha sido el encargado de defender la norma ante la Cámara, subrayando que el objetivo principal es proteger a los hogares y a los sectores productivos más vulnerables ante el incremento de los costes energéticos. Según el titular de Economía, la persistencia de un contexto geopolítico volátil tras el inicio de las hostilidades el pasado 20 de marzo hace necesario dar continuidad a la respuesta gubernamental para reforzar la soberanía energética y mitigar la tensión en los mercados internacionales de materias primas.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la prórroga de los descuentos a los carburantes. La norma establece el mantenimiento de una bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y gasóleo durante el mes de noviembre, tras haberse activado una cláusula de salvaguarda por el encarecimiento de los precios en septiembre. Para el mes de diciembre, está previsto que este descuento se reduzca a 13 céntimos por litro, a menos que se registre un incremento superior al 15 % en los precios durante el mes de octubre.
En el ámbito sectorial, el decreto extiende hasta el año 2026 las ayudas directas para profesionales del transporte terrestre, marítimo y ferroviario mediante devoluciones en el impuesto de hidrocarburos. Asimismo, se mantiene el apoyo al gasóleo agrario con una bonificación de 20 céntimos por litro y se ratifican las ayudas destinadas a los armadores de buques de pesca.
En materia de suministros básicos, el texto limita al 15 % el incremento máximo de la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural para el cuarto trimestre del año. Además, fija el precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027 y mantiene los mecanismos de flexibilidad fiscal para el IVA de la luz y el gas, supeditados a que los precios de mercado superen determinados umbrales de cotización.
Durante el debate parlamentario, varios de los socios habituales del Ejecutivo, como ERC, EH Bildu y Sumar, han condicionado su apoyo futuro a un endurecimiento de la fiscalidad sobre las grandes empresas energéticas y entidades bancarias. Los portavoces de estas formaciones han coincidido en la necesidad de transformar estas medidas paliativas en cambios estructurales que aumenten la tributación de los beneficios extraordinarios derivados de la inflación.
Desde la oposición, el Partido Popular ha votado a favor del texto para no perjudicar a los beneficiarios de las ayudas, si bien su portavoz ha calificado la política económica del Gobierno de insuficiente y «cortoplacista». Vox, que se ha posicionado en contra, ha reclamado rebajas fiscales permanentes en lugar de ayudas temporales, mientras que Junts ha optado por la abstención tras solicitar una reducción generalizada de la presión fiscal para las rentas del trabajo.
Finalmente, el decreto incluye disposiciones que prohíben el despido por causas relacionadas con el aumento de los costes energéticos en las empresas que perciban ayudas públicas. También otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la facultad de supervisar la eficacia de estas medidas y refuerza el régimen sancionador en el sector de los hidrocarburos para garantizar el cumplimiento de la normativa.
