El Congreso dispone hasta el 13 de noviembre para convalidar los nuevos decretos ley de vivienda
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tendrá como fecha límite el próximo 13 de noviembre para someter a debate y votación la convalidación de los decretos ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre. Este plazo legal de 30 días hábiles coincide con el inicio oficial de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, según han confirmado fuentes de la Mesa de la Cámara Baja.
El cómputo de los plazos, basado en la Constitución y el Reglamento del Congreso, establece que el periodo de validación se extiende de lunes a sábado, excluyendo domingos y festivos. Para este caso concreto, el calendario descuenta el 12 de octubre (Fiesta Nacional), el 2 de noviembre (traslado de Todos los Santos) y el 9 de noviembre (festividad de la Almudena en Madrid). De este modo, la votación se producirá en un escenario de alta intensidad política, apenas dos días después de la huelga general convocada para el 11 de noviembre.
Desde la portavocía del Grupo Socialista, Patxi López ha señalado que el Ejecutivo no tiene urgencia por fijar la fecha definitiva, subrayando que los decretos cumplirán con los tiempos parlamentarios establecidos. Por su parte, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, deberá convocar formalmente la sesión de la Diputación Permanente, órgano que asume las funciones del Pleno al encontrarse las Cortes disueltas por la convocatoria electoral anticipada.
En cuanto a la aritmética parlamentaria, el Gobierno cuenta previsiblemente con los apoyos necesarios para la ratificación de las medidas. La mayoría conformada por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos permitiría alcanzar la validación sin que el voto de Junts resulte determinante en este órgano de representación reducida. Cabe recordar que estos textos son una versión modificada de los decretos que el Pleno rechazó a principios de octubre, un día antes del anuncio de adelanto electoral.
El contenido de la norma incluye una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, con un límite de hasta dos años adicionales. Asimismo, establece topes en la actualización de las rentas hasta finales de 2027: los incrementos serán del 0% para contratos que superen el índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda, y del 2% para aquellos que se sitúen por debajo de dicho umbral.
Finalmente, el decreto ley introduce regulaciones específicas para el alquiler de temporada y de habitaciones, una demanda recurrente de los movimientos sociales. Además, se extiende la suspensión de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, y se prohíben las adquisiciones de viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación de mercado hasta la misma fecha, con el objetivo de frenar operaciones especulativas en el sector.
