Los sindicatos de Metro de Madrid niegan haber solicitado el cierre de la estación de Sol
Las secciones sindicales de CCOO, UGT y Solidaridad Obrera de Metro de Madrid se han desmarcado este viernes de la decisión de cerrar la estación de la Puerta del Sol, negando haber solicitado dicha medida. A través de un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han desmentido las informaciones que apuntaban a su responsabilidad en la clausura, asegurando que no han tenido participación ni conocimiento previo de los hechos hasta que se hicieron públicos por fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid.
La controversia surge tras las declaraciones de la Consejería de Transportes, que vinculó el cierre a una reunión del Comité de Recursos de Riesgos Laborales de Metro de Madrid. Según la versión gubernamental, en dicho encuentro se habría instado a realizar labores de limpieza por el bienestar de los empleados. Sin embargo, el Comité de Empresa ha subrayado que no han recibido las mediciones técnicas del Servicio de Prevención que normalmente avalarían este tipo de actuaciones por motivos de salud laboral.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el cierre de la infraestructura alegando motivos de «insalubridad» derivados de la acampada por el derecho a la vivienda situada en la superficie de la plaza. En esta misma línea, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, remitió una misiva a la Delegación del Gobierno solicitando el desalojo de la protesta, citando la acumulación de residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación del suburbano.
Por el contrario, la red de Cercanías Madrid, gestionada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha decidido mantener operativa la estación ferroviaria de Sol. Desde el organismo estatal han informado que no se han detectado problemas de salubridad en sus instalaciones que justifiquen el cese del servicio, manteniendo el acceso a los usuarios de Renfe con normalidad.
Este cruce de versiones entre las organizaciones sindicales y la administración autonómica se produce en un contexto de tensión política por la gestión del espacio público en el centro de la capital. Mientras el Ejecutivo regional insiste en la necesidad de intervenir por razones higiénicas, los representantes de los trabajadores denuncian la falta de transparencia en los informes técnicos que deberían sustentar una decisión de esta envergadura.
