La Audiencia Nacional da tres días a la Policía para entregar los avisos sobre la entrada masiva en Ceuta
La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha dictado una providencia por la que concede a la Policía Nacional un plazo «improrrogable» de tres días hábiles para remitir la totalidad de las alertas, informes y avisos internos generados en relación con la entrada masiva de personas en Ceuta. La resolución judicial exige al Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa la entrega de esta documentación «a la mayor urgencia» para avanzar en la instrucción de los hechos ocurridos a finales de julio.
El requerimiento de la instructora se centra específicamente en el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026. La solicitud abarca toda la documentación operativa, correos electrónicos, órdenes de servicio y comunicados vinculados al riesgo de entrada masiva detectado en los diez días previos a la crisis y la semana posterior a la misma. Con esta diligencia, el juzgado busca reconstruir de forma precisa la cronología de las advertencias recibidas por las fuerzas de seguridad.
Además de la documentación física y digital, la juez Tardón reclama la identificación exhaustiva de los destinatarios de dichas alertas. El oficio judicial obliga a consignar la fecha y hora exacta de recepción de cada aviso, así como las medidas concretas que se adoptaron en respuesta a la información recibida. El objetivo es determinar la cadena de mando y el flujo de información entre las distintas unidades policiales y los responsables institucionales.
Esta decisión profundiza en la línea de investigación abierta el pasado 16 de septiembre, cuando la magistrada ya extendió la petición de información a otras instancias, incluyendo diversas unidades de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y el Ministerio del Interior. La Fiscalía ha respaldado íntegramente estas actuaciones, calificándolas de «particular relevancia» para esclarecer el colapso operativo que se produjo durante los días 30 y 31 de julio.
La causa judicial investiga las circunstancias que rodearon la entrada irregular desde Marruecos de una cifra estimada entre 75.000 y 85.000 personas. Según consta en las resoluciones del juzgado, los hechos se saldaron con un balance de ochenta y tres fallecidos, lo que ha motivado la prioridad absoluta en la práctica de diligencias para depurar posibles responsabilidades en la gestión de la crisis fronteriza.
En el marco de este procedimiento, la Audiencia Nacional ha señalado como testigos prioritarios a altos cargos de la administración local y estatal, entre ellos el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y los responsables de la seguridad local y la Delegación del Gobierno en aquellas fechas. Paralelamente, la magistrada ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta la inhibición de sus competencias para unificar todas las denuncias relacionadas en un único procedimiento centralizado.
