Llarena deja sin efecto las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig tras la doctrina del Constitucional

El magistrado instructor de la causa del «procés» en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado una resolución este lunes por la que acuerda el levantamiento de las órdenes nacionales de busca, captura e ingreso en prisión que pesaban sobre el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. La decisión judicial se fundamenta en la necesaria adaptación a la doctrina sobre la Ley de Amnistía fijada por el Tribunal Constitucional en relación con el delito de malversación.

La resolución del instructor del Tribunal Supremo se produce nueve años después del inicio de la causa judicial relacionada con el referéndum del 1 de octubre de 2017. El magistrado ha considerado aplicables los criterios del tribunal de garantías, lo que conlleva la anulación de las medidas cautelares que impedían a los tres políticos independentistas regresar a territorio español sin riesgo de ser detenidos de forma inmediata.

Desde las filas de Junts per Catalunya, el secretario general de la formación, Jordi Turull, ha valorado la decisión como una «victoria rotunda sin paliativos». A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el dirigente ha subrayado que este escenario no debe interpretarse como una «concesión generosa del Estado», sino como el resultado de una estrategia de resistencia política y jurídica mantenida de forma prolongada en el tiempo.

Turull ha incidido en que el levantamiento de las órdenes de arresto supone un éxito de lo que denomina «el exilio» y ha elogiado el liderazgo de Carles Puigdemont. Asimismo, ha hecho mención expresa al trabajo técnico de la defensa legal liderada por el abogado Gonzalo Boye, vinculando el actual desenlace judicial al rigor de los planteamientos jurídicos sostenidos por los procesados fuera de las fronteras españolas.

Esta resolución del magistrado Llarena marca un punto de inflexión en el desarrollo procesal de la causa, alineando el criterio del Tribunal Supremo con la interpretación que el Tribunal Constitucional ha realizado sobre el alcance del perdón legal para los delitos de índole económica vinculados al proceso independentista. Con este movimiento judicial, se despeja el escenario de arrestos técnicos que había condicionado la actividad de los tres políticos durante los últimos años.