Las autoridades de Andorra requirieron información fiscal a la pareja de Montse Mínguez por edicto público
El Principado de Andorra emitió en octubre de 2020 un edicto legal para notificar a Sergi Vélez, pareja de la hasta ahora portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, la obligación de aportar información fiscal relativa a su padre, José Luis Vélez, fallecido dos años antes. La Administración andorrana recurrió a la vía pública tras ignorarse hasta diez notificaciones previas vinculadas a un procedimiento de intercambio de información tributaria solicitado por las autoridades españolas por un presunto delito fiscal.
La publicación en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA) instaba a los herederos del empresario inmobiliario a personarse ante la Secretaría de Estado de Asuntos Financieros Internacionales. El documento advertía de que, de no producirse el contacto en el plazo establecido, las notificaciones se entenderían practicadas a todos los efectos legales, permitiendo el trasvase de la información requerida hacia la Hacienda española.
Este requerimiento coincide cronológicamente con la etapa en la que se investigaba la actividad de José Luis Vélez Burrell, promotor inmobiliario leridano que obtuvo la nacionalidad andorrana en 2013. El procedimiento administrativo afectó tanto a Sergi Vélez como a su hermana, Núria Vélez, en su condición de sucesores legales de un patrimonio bajo sospecha de irregularidades tributarias en España.
La trascendencia de estos hechos ha derivado en la dimisión de Montse Mínguez, quien el pasado viernes anunció su renuncia a la portavocía del Grupo Socialista, a su puesto en la Ejecutiva Federal y a encabezar la lista por Lérida para las elecciones del 29 de noviembre. Mínguez justificó su decisión en la voluntad de no perjudicar el proyecto político del PSOE ante las informaciones publicadas sobre los negocios de su pareja, que gestiona un holding con 30 inmuebles en España e ingresos declarados de 1,3 millones de euros.
Además de la situación en Andorra, el entorno empresarial de Vélez ha sido cuestionado por su vinculación con sociedades radicadas en Panamá. Asimismo, se han recabado datos sobre una condonación de deuda de 300.000 euros por parte del Ayuntamiento de Lérida en favor del empresario durante el mandato en el que Mínguez ejercía como concejal de Economía en dicha corporación municipal.
La salida de la dirigente catalana se produce en un contexto de especial sensibilidad política respecto a la transparencia fiscal y la gestión inmobiliaria, factores que, según fuentes parlamentarias, habrían precipitado su cese de funciones para evitar el desgaste institucional de la formación de gobierno en plena precampaña electoral.
