Puigdemont califica de «capitulación» la aplicación de la amnistía por parte del Tribunal Supremo
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha manifestado su valoración tras conocer la resolución del Tribunal Supremo de aplicar la Ley de Amnistía a varios líderes independentistas. A través de una declaración pública, el dirigente ha interpretado este movimiento judicial como una «capitulación» obligada del alto tribunal, señalando que la medida se ha ejecutado de forma tardía y tras agotar los cauces para evitar su implementación.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Puigdemont ha expresado su satisfacción por la resolución que afecta directamente al exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras; al secretario general de Junts, Jordi Turull; y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. El expresidente ha subrayado que, a pesar de lo que considera una actitud reticente por parte del Supremo, la aplicación de la norma es ya una realidad para estos perfiles clave del proceso independentista.
«El Supremo no tiene más remedio que firmar la capitulación», ha aseverado el líder de Junts, quien además ha criticado el uso de «recursos y capacidad de inventiva» que, según su perspectiva, el tribunal habría empleado para dilatar el proceso. Para Puigdemont, la decisión de los magistrados confirma que la Ley de Amnistía terminará alcanzando a todos los encausados vinculados a las consultas de 2014 y 2017.
La resolución del Tribunal Supremo se produce en cumplimiento del marco legislativo aprobado por las Cortes Generales, destinado a la normalización institucional en Cataluña. Con este movimiento, se eliminan las responsabilidades penales y las inhabilitaciones que pesaban sobre los antiguos miembros del Govern, marcando un punto de inflexión en la trayectoria judicial derivada del denominado ‘procés’.
La reacción del expresidente se enmarca en un escenario de debate jurídico sobre los plazos y el alcance de la norma, mientras las defensas de los implicados continúan solicitando la plena restitución de sus derechos políticos y civiles ante las distintas instancias judiciales correspondientes.


