La Audiencia Nacional da un plazo de dos días al PSOE para entregar su relación de contratos con despachos de abogados

El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado una providencia en la que otorga un plazo de dos días hábiles al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para que aporte la relación íntegra de sus vínculos contractuales con despachos de abogados y consultorías entre los años 2021 y 2025. Esta decisión se produce tras el incumplimiento del requerimiento inicial emitido por el juzgado el pasado 6 de octubre.

La orden judicial especifica que la formación política debe entregar el listado completo de letrados y firmas profesionales contratadas por cualquiera de sus órganos, ya sean de ámbito central o territorial. El requerimiento de información incluye tanto las notas de encargo como los contratos o expedientes que justifiquen la prestación de servicios y las autorizaciones correspondientes para dichas contrataciones.

Esta diligencia judicial se enmarca en la fase de instrucción que coordina el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. La solicitud de información se intensificó tras la declaración en calidad de investigada de la gerente del PSOE, Ana María Fuente, cuya comparecencia ante el magistrado motivó la necesidad de profundizar en la trazabilidad de los servicios profesionales externos contratados por el partido durante el periodo señalado.

En su resolución, el juez Pedraz ha precisado que el traslado de esta documentación debe realizarse respetando los límites legales vigentes. En este sentido, se ha indicado a los servicios jurídicos de la formación que la información debe entregarse sin perjuicio del derecho al secreto profesional y del derecho a no aportar datos que pudieran ser considerados autoincriminatorios, conforme a la legislación procesal española.

Con este nuevo requerimiento de urgencia, la Audiencia Nacional busca avanzar en el esclarecimiento de la naturaleza y el alcance de las relaciones profesionales mantenidas por la organización política, insistiendo en la obligatoriedad de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales de aportación documental en los plazos fijados por la autoridad judicial.