El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión del voto para los nacionalizados por la ‘ley de nietos’
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este miércoles no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al sufragio de los ciudadanos nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, que no acrediten ser descendientes directos de exiliados.
La resolución del órgano de garantías, adoptada por amplia mayoría, se fundamenta en criterios estrictamente procedimentales. El tribunal considera que la vía judicial previa en el Tribunal Supremo aún no se ha agotado, lo que impide la intervención del Constitucional en esta fase del proceso. Por tanto, la decisión no entra a valorar el fondo de la cuestión sobre la titularidad del derecho al voto de estos ciudadanos.
Tras conocerse el fallo, fuentes del Gobierno han manifestado su «respeto» por la decisión judicial, aunque han puntualizado que esperan un pronunciamiento definitivo que garantice la participación plena de todos los nacionales en los procesos electorales. Desde el Ejecutivo se subraya que el derecho al voto es un pilar fundamental de la democracia y que no debe haber distinciones en el ejercicio de derechos entre españoles.
Desde la Moncloa han advertido que la actual suspensión masiva del derecho de voto mediante medidas cautelares, sin una sentencia firme ni audiencia individualizada de los afectados, podría generar una categoría de «ciudadanos de segunda». El Gobierno sostiene que todos los nacionales españoles, independientemente del supuesto legal por el que hayan adquirido la nacionalidad, deben gozar de la plenitud de sus derechos civiles.
El conflicto jurídico se originó a raíz de la impugnación de las instrucciones que permitían el voto a los nuevos nacionalizados sin requisitos adicionales. El Tribunal Supremo optó por suspender esta posibilidad de forma preventiva, una medida que el Defensor del Pueblo consideró desproporcionada y lesiva para los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española.
Con este escenario, la resolución definitiva sobre si los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ podrán ejercer su derecho al voto en los próximos comicios queda a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el procedimiento principal y agote el recorrido en la jurisdicción ordinaria.
