La Junta Electoral Central descarta sancionar a Tezanos pero le advierte por vulnerar la normativa de transparencia
La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado la solicitud del Partido Popular para abrir un expediente sancionador contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. A pesar de que el organismo arbitral ha confirmado que el instituto demoscópico vulneró los plazos legales para informar sobre su último barómetro, ha resuelto no imponer sanciones administrativas al considerar que la infracción fue de escasa entidad.
La resolución de la JEC responde a la denuncia interpuesta por el Partido Popular, en la que se señalaba que el CIS no dio traslado de los datos del Barómetro de opinión de octubre dentro del marco temporal exigido por la ley. Según el artículo 69.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el centro tiene la obligación de informar sobre sus encuestas a las formaciones políticas en un plazo inferior a las 48 horas siguientes a su realización durante los periodos electorales.
El organismo electoral ha estimado parcialmente la denuncia al declarar que el CIS incumplió las previsiones legales. No obstante, ha justificado la denegación del expediente sancionador argumentando que la falta «no ha puesto seriamente en cuestión la finalidad de la citada obligación», que es garantizar la transparencia y el principio de igualdad entre los actores políticos. Para la JEC, la inexistencia de consecuencias graves desaconseja la vía punitiva en este caso concreto.
Sin embargo, la Junta Electoral ha emitido un requerimiento formal al presidente del CIS. En el texto, se exige a José Félix Tezanos que, durante el resto del periodo electoral, se abstenga de realizar actuaciones que supongan una vulneración de la legislación vigente. Asimismo, el organismo le insta a facilitar de forma inmediata toda la información disponible sobre la encuesta preelectoral programada para los comicios del próximo 29 de noviembre.
Con esta decisión, la autoridad electoral busca asegurar que el funcionamiento de los organismos dependientes de la Administración Pública se ajuste estrictamente a los principios de neutralidad e información compartida, evitando retrasos que puedan suponer una ventaja competitiva o una falta de transparencia en el marco de la consulta ciudadana.
