Detenida la excandidata Luisa González en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales
La excandidata presidencial ecuatoriana y líder del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, fue detenida este jueves por las autoridades locales en relación con una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2023. La Fiscalía General del Estado ha vinculado este operativo, denominado «Caso Laberinto», con el supuesto delito de blanqueo de capitales derivado de inconsistencias detectadas en el origen y reporte de los fondos utilizados durante la contienda política.
El operativo judicial se desarrolló en las provincias de Pichincha y Manabí, donde la Policía Nacional ejecutó órdenes de detención contra tres personas investigadas por su presunta participación en actividades financieras ilícitas. Según la institución judicial, la causa se centra en el análisis del gasto electoral y las aportaciones recibidas, buscando determinar si existieron recursos de origen no justificado en la publicidad y la logística de la campaña presidencial del año pasado.
El «Caso Laberinto» tiene su origen en una denuncia previa del Consejo Nacional Electoral (CNE) por una presunta infracción relacionada con la falta de declaración documental de fondos de campaña. Si bien la defensa de González sostiene que se trata de una discrepancia administrativa de 6.100 dólares que ya fue saldada en su momento, el expediente fue derivado a la Fiscalía el pasado 23 de junio para investigar un posible esquema de lavado de activos que involucraría a otras cuatro personas vinculadas al equipo de campaña.
Tras confirmarse su detención, Luisa González emitió un comunicado en el que calificó la acción de «persecución política» y denunció una vulneración a las libertades democráticas bajo la actual administración de Daniel Noboa. La política agradeció las muestras de solidaridad recibidas y realizó un llamamiento a la unidad de las fuerzas progresistas, mientras que su partido, Revolución Ciudadana, tildó la detención de «arbitraria e inconstitucional», alegando que no se ha permitido el acceso inmediato a su equipo legal.
Desde el ámbito gubernamental, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Esteban Torres, descartó cualquier trasfondo electoral en las actuaciones de la Fiscalía. El funcionario señaló que las investigaciones judiciales deben seguir su curso con independencia y que la condición de figura política no otorga inmunidad frente a procesos penales en curso. Torres subrayó que el proceso se encuentra en una fase de investigación previa y que el Estado permanecerá atento al desarrollo del caso bajo los cauces legales correspondientes.
Ante la situación, la defensa de la exasambleísta ha anunciado la solicitud de medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En sus declaraciones finales, la representación de González hizo responsable al Gobierno nacional por la integridad física de la detenida, exigiendo que se informe con celeridad sobre el lugar de su retención para garantizar el debido proceso y la defensa técnica.
