Una jueza de EE. UU. ordena a Donald Trump declarar en su demanda contra la BBC antes del 11 de diciembre
La magistrada estadounidense Enjoliqué Lett ha dictaminado que el expresidente Donald Trump deberá prestar declaración antes del próximo 11 de diciembre en el marco de su demanda por difamación contra la cadena británica BBC. La resolución judicial establece una fecha improrrogable para la comparecencia del demandante, tras la cancelación de citas previas por parte de su equipo legal.
El litigio, cuya cuantía se estima en cerca de 9.000 millones de dólares, se originó a raíz de un episodio del programa de investigación Panorama. En dicho espacio, se emitieron secciones editadas de un discurso pronunciado por el mandatario antes de los disturbios en el Capitolio en enero de 2021, uniendo fragmentos de manera que, según la demanda, alteraban el sentido original de sus palabras.
La jueza Lett ha advertido de forma expresa que la demanda podría ser desestimada si el equipo legal de Trump no realiza mayores esfuerzos para proporcionar la información a la que el medio de comunicación tiene derecho durante el procedimiento. La magistrada subrayó que, si bien el proceso de obtención de pruebas es engorroso, es una carga que debe asumir quien presenta una demanda judicial.
Por su parte, la representación legal de la BBC, encabezada por el abogado Charles Tobin, argumentó ante el tribunal la dificultad de tomar declaración al demandante con menos de dos meses restantes para que finalice el periodo de presentación de pruebas. Este señalamiento se produce después de que el expresidente cancelara una comparecencia previa fijada para el 16 de octubre, alegando «motivos de importancia nacional».
La controversia ya ha generado consecuencias institucionales de calado en el Reino Unido. La BBC emitió en su momento una disculpa oficial al expresidente por el contenido editado, y la crisis resultante forzó la dimisión del director general de la corporación pública, Tim Davie. No obstante, el procedimiento legal sigue su curso en las cortes estadounidenses para dirimir las responsabilidades civiles correspondientes.
Con esta orden, el tribunal busca desbloquear la fase de instrucción antes de que expire el plazo legal para la aportación de evidencias, obligando al exmandatario a cumplir con el calendario procesal bajo la amenaza de dar por concluido el caso sin entrar en el fondo del asunto.
