La Justicia argentina sobresee a Javier y Karina Milei en la causa por la criptomoneda Libra

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó este viernes el sobreseimiento del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la causa denominada ‘Libra’. La investigación judicial buscaba determinar si existió una estafa detrás del lanzamiento del criptoactivo que sufrió un colapso financiero a pocas horas de su salida al mercado en febrero de 2025.

La resolución judicial se fundamenta en la recomendación del fiscal federal Eduardo Taino, quien concluyó que los hechos denunciados no encuadran en ninguna figura penal. Según el dictamen fiscal, no se pudo constatar la existencia de una maniobra fraudulenta, ya que el proyecto tuvo una existencia material verificable: la criptomoneda fue efectivamente emitida y las transacciones resultaron públicas y trazables mediante tecnología blockchain.

En su argumentación, el fiscal Taino sostuvo que las pérdidas económicas sufridas por los inversores no configuran, por sí solas, el delito de estafa. El Ministerio Público destacó que las operaciones se realizaron en el ámbito de las denominadas «memecoins», un segmento del mercado de activos digitales caracterizado por una alta volatilidad y un fuerte componente especulativo. Asimismo, la Justicia determinó que los imputados no garantizaron en ningún momento la rentabilidad ni la estabilidad del precio del activo.

El fallo alcanza también a otros actores involucrados en la implementación del proyecto. Entre los sobreseídos se encuentran los intermediarios Gaspar Novelli y Terrones Godoy, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis —responsable del lanzamiento— y el singapurense Chyi Haur Peh, titular de la firma Kip Protocol. También fueron exculpados un exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y diversos colaboradores vinculados a la gestión de billeteras digitales.

El activo ‘Libra’ había sido presentado por el Ejecutivo como un mecanismo para incentivar el financiamiento de empresas nacionales. Tras el anuncio oficial, la cotización de la moneda experimentó un ascenso meteórico, pasando de valores marginales a alcanzar los cinco dólares por unidad, antes de registrar una caída abrupta que afectó a miles de tenedores. La investigación analizó los movimientos de cuentas anónimas que obtuvieron beneficios significativos, pero la Justicia finalmente descartó la responsabilidad penal de los funcionarios y promotores en el desenlace financiero del proyecto.