La Guardia Civil investiga a un hombre por amenazar con un hacha a dos trabajadoras municipales en Granada
La Guardia Civil ha procedido a la investigación de un varón de 58 años de edad como presunto autor de un delito de amenazas contra dos empleadas del Ayuntamiento de una localidad del Altiplano granadino. Los hechos se produjeron el pasado martes, cuando las trabajadoras desempeñaban labores de limpieza en una zona pública del municipio y fueron increpadas por el ahora investigado.
Según el informe de la Comandancia, el individuo se aproximó a las empleadas portando un hacha mientras estas realizaban su jornada laboral. El hombre comenzó a proferir amenazas al tiempo que golpeaba con la herramienta una baranda que delimitaba el espacio entre ambos, llegando a causar daños materiales en el mobiliario urbano. El presunto agresor justificó su comportamiento alegando un supuesto daño previo ocasionado por las trabajadoras en uno de sus olivos.
Tras la denuncia de los hechos, los agentes de la Guardia Civil iniciaron las pesquisas pertinentes para el esclarecimiento de lo ocurrido. Durante la identificación del presunto responsable, se constató que el investigado era titular de una licencia de armas y poseía cinco armas de fuego: concretamente dos rifles y tres escopetas destinadas a la actividad cinegética.
Ante la gravedad de la conducta denunciada y en aplicación del Reglamento de Armas, la Benemérita ha procedido a la intervención cautelar tanto de las cinco armas de fuego como de la licencia correspondiente. Esta medida se fundamenta en la normativa vigente, que supedita la vigencia de dichas autorizaciones a que el titular mantenga los requisitos de conducta y ausencia de riesgo para la seguridad pública o ciudadana.
El Reglamento de Armas faculta a las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil para evaluar si determinados comportamientos violentos invalidan la aptitud de una persona para mantener la tenencia de armas. En este sentido, el ejercicio de acciones que representen un riesgo para terceros puede derivar en la revocación definitiva de los permisos administrativos.
Las diligencias instruidas por estos hechos ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Paralelamente, se han iniciado las actuaciones administrativas pertinentes para determinar el futuro de las licencias y las armas intervenidas, con independencia del curso que tome el procedimiento penal por el presunto delito de amenazas.
