La FSIE reclama la retirada de los decretos sobre ratios en Educación Infantil y centros de Formación Profesional

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), organización mayoritaria en el sector de la educación concertada y privada, ha solicitado formalmente la retirada de los proyectos de Real Decreto que el Gobierno prevé aprobar para regular la apertura de nuevos centros de Formación Profesional (FP) y reducir las ratios en el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). Según la organización sindical, estas normativas, de aplicarse en sus términos actuales, pondrían en riesgo la continuidad de más de 4.000 centros y cerca de 60.000 puestos de trabajo en toda España.

La principal preocupación del sindicato se centra en la propuesta de bajar el número de alumnos por aula en las escuelas infantiles. FSIE advierte que la reducción de ratios sin una financiación que cubra el coste real del servicio comprometerá la viabilidad económica de los centros privados y concertados. Esta situación, señalan, podría derivar en cierres estructurales, la pérdida de plazas escolares disponibles o el traslado de los incrementos de costes a las familias mediante cuotas inasumibles.

En el marco de sus alegaciones, la federación reclama la articulación de vías de financiación estables, ya sea a través de conciertos, convenios o subvenciones, que garanticen la sostenibilidad de las plantillas y el mantenimiento de la oferta educativa. Asimismo, el sindicato ha denunciado que los decretos han sido negociados sin una interlocución real con los representantes de la enseñanza concertada, ignorando el impacto laboral y operativo que estas medidas tendrán sobre el sector.

Respecto a la Formación Profesional, FSIE insta al Ejecutivo a evaluar las consecuencias laborales del nuevo decreto que limita la expansión de los centros privados. La organización propone la implementación de un periodo transitorio «suficientemente amplio» que permita a los centros que ya cumplen con la normativa vigente adaptarse a los nuevos requisitos sin poner en peligro el empleo de sus docentes y personal especializado.

Como medida de acción institucional, la organización ha presentado ante el Consejo Escolar del Estado dos informes alternativos en los que se solicita el desistimiento de ambos proyectos normativos y la apertura de una mesa de negociación con los sectores afectados para redactar nuevos textos. FSIE subraya la necesidad de un marco regulatorio que no penalice a la educación de gestión privada, la cual consideran esencial para garantizar la pluralidad del sistema educativo nacional.

Finalmente, el sindicato ha trasladado su queja por la exclusión de los centros concertados de las ayudas públicas destinadas a la eficiencia energética. Según denuncian, la dotación de 200 millones de euros aprobada por el Gobierno para la climatización de edificios educativos se restringe exclusivamente a los centros de titularidad pública, dejando fuera a las escuelas concertadas que, tal como defiende la organización, también prestan un servicio público de educación y sufren las mismas necesidades de adecuación térmica en sus instalaciones.