El Tribunal Administrativo suspende la licitación del mantenimiento de la flota aérea oficial
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) ha acordado la suspensión cautelar del lote principal del contrato para el mantenimiento de las aeronaves Falcon 900 y Airbus A310 del Ejército del Aire y del Espacio. Estas unidades son las encargadas de los desplazamientos oficiales del rey Felipe VI, el presidente del Gobierno y otras altas autoridades del Estado. La decisión responde a un recurso interpuesto por una Unión Temporal de Empresas (UTE) que fue excluida del procedimiento a pesar de haber presentado una oferta económica 2,1 millones de euros inferior a la de la compañía seleccionada por el Ministerio de Defensa.
El procedimiento administrativo afectado corresponde al acuerdo marco para el sostenimiento técnico de los modelos Falcon 900 (T.18), Airbus A310 (T.22) y Cessna Citation V (T.20). El valor estimado del contrato asciende a 118,6 millones de euros, incluyendo prórrogas y modificaciones, con un presupuesto base de licitación de 80,5 millones para el periodo 2026-2030. La controversia se centra en el Lote 1, dedicado a los Falcon y Airbus, que cuenta con una dotación presupuestaria de 73,5 millones de euros.
La Mesa de Contratación del Ministerio de Defensa había elevado una propuesta de adjudicación a favor de la empresa Gestair Maintenance (actualmente denominada Boost Air Defence). Sin embargo, la UTE integrada por Hispano-Lusitana de Aviación, Jordan Aircraft Maintenance (Joramco) y Dassault Aviation Business Services impugnó su exclusión del proceso. Según consta en el expediente, la oferta económica de esta última era de 15.031.683 euros, frente a los 17.160.486 euros propuestos por Gestair, lo que representaba una diferencia del 12,4% a favor del erario público.
La exclusión de la candidatura de Hispano-Lusitana se fundamentó en una interpretación técnica de los pliegos administrativos. La Mesa de Contratación determinó que cada una de las empresas integrantes de la UTE debía acreditar de forma individual las habilitaciones exigidas para el mantenimiento de ambos modelos de avión, considerando insuficiente la suma de las capacidades técnicas del conjunto de la unión empresarial. Esta interpretación de la cláusula 18 del pliego es el eje central de la disputa legal que ahora debe resolver el Tacrc.
A pesar de la suspensión del lote principal, el Ministerio de Defensa sí ha procedido a la adjudicación del Lote 2 del mismo acuerdo marco, referente a las aeronaves Cessna Citation V. Este contrato ha sido otorgado a Boost Air Defence (Gestair) por un importe máximo de siete millones de euros. La resolución de adjudicación de este segundo lote especifica que se trata de un acuerdo basado en tarifas unitarias según las necesidades operativas de la fuerza aérea.
La antigüedad de la flota de Falcon 900 y Airbus A310 ha sido objeto de debate parlamentario recurrente en las últimas legislaturas. Aunque el Ministerio de Defensa ha defendido la seguridad operativa de las aeronaves, el mantenimiento exhaustivo es un requisito indispensable para garantizar su disponibilidad. La suspensión cautelar dictada por el tribunal busca evitar perjuicios de difícil reparación antes de dictar una resolución definitiva sobre el fondo del asunto, aunque no implica necesariamente una irregularidad en la actuación de la administración ni la paralización inmediata de las revisiones en curso bajo los contratos actuales.
El tribunal deberá ahora analizar si los requisitos de solvencia técnica debían aplicarse de forma acumulativa o individual a los miembros de la UTE. Hasta que se produzca un fallo definitivo o se levante la medida cautelar, el proceso de contratación para la flota estratégica del Estado permanecerá en suspenso, a la espera de determinar si prevalece el criterio de ahorro económico o la exigencia técnica impuesta por el departamento ministerial.
