Iustitia Europa solicita al Supremo ampliar la suspensión del voto a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ residentes en España

La formación Iustitia Europa ha presentado un nuevo escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el fin de extender la suspensión cautelar del derecho al sufragio a los ciudadanos nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, que hayan trasladado su residencia a España. La petición afecta tanto a las personas inscritas actualmente en el Censo Electoral de Residentes (CER) como a sus descendientes.

El escrito solicita, bajo la modalidad de medida cautelarísima, que se suspendan los efectos electorales de todos aquellos ciudadanos que inicialmente fueron incorporados al Censo de Residentes Ausentes (CERA) pero que, posteriormente, causaron baja en el extranjero para integrarse en el censo nacional. Iustitia Europa argumenta que estos electores deben someterse al mismo proceso de verificación que el Alto Tribunal ya ha exigido para quienes permanecen fuera de las fronteras españolas.

Esta nueva solicitud busca cubrir supuestos que no fueron detallados de forma expresa en los autos emitidos por el Tribunal Supremo los pasados 10 de septiembre y 12 de octubre. En dichas resoluciones, la justicia acordó y confirmó la suspensión cautelar del voto para los nacionalizados por esta vía, exceptuando únicamente a aquellos que logren acreditar documentalmente ser hijos o nietos de exiliados por motivos políticos, ideológicos o de creencia.

La formación insta al Tribunal Supremo a requerir a la Oficina del Censo Electoral y al Instituto Nacional de Estadística (INE) la identificación inmediata de los movimientos registrados entre el CERA y el CER. El objetivo es reconstruir la situación censal de cada elector afectado y mantener la suspensión de sus derechos de voto hasta que se complete la comprobación técnica exigida para el resto de los beneficiarios de la ley.

De forma complementaria, Iustitia Europa reclama que la medida se aplique también a los hijos e hijas que obtuvieron la nacionalidad tras el acceso previo de sus progenitores a través de la citada normativa. Según el escrito, la integridad del censo electoral requiere que todas las derivaciones de la nacionalización por la Ley de Memoria Democrática queden supeditadas a la validación judicial de los expedientes.

Esta petición se suma a otras iniciativas similares presentadas ante el Alto Tribunal por diversas organizaciones, las cuales coinciden en señalar posibles irregularidades en la incorporación masiva de nuevos electores al sistema democrático español bajo los supuestos de la normativa vigente.