Vox interpone una querella contra directivos de ADIF por el accidente ferroviario en Toledo

La formación política Vox ha presentado este miércoles una querella ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Orgaz contra los responsables de ADIF tras el siniestro ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. El escrito solicita de manera urgente el aseguramiento de los restos de los trenes y de las zonas aledañas para evitar la alteración del escenario y garantizar una investigación completa sobre las causas del suceso.

La acción judicial se dirige específicamente contra los operadores del Puesto de Mando de Circulación de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha de los convoyes tras producirse un fallo en el sistema de seguridad LZB. Asimismo, la querella identifica como posibles responsables a los superiores jerárquicos del turno y a los directivos encargados de la definición, implantación y supervisión de los procedimientos de operación en situación degradada en dicho tramo.

Desde el punto de vista jurídico, la formación fundamenta su denuncia en la presunta comisión de delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, recogidos en los artículos 142 y 152 del Código Penal. El partido busca determinar la identidad de todos los cargos de la entidad pública que tuvieran atribuidas las competencias de seguridad en la circulación en el momento del accidente.

Los servicios jurídicos de la organización han alertado sobre la existencia de un riesgo «real e inminente» de pérdida o alteración de las fuentes de prueba. Argumentan que la interrupción de la línea ferroviaria genera una presión logística para restablecer el servicio, lo que podría derivar en la retirada prematura de piezas o en la sobreescritura de datos electrónicos de los sistemas de control durante las labores de reparación de la vía.

En el cuerpo de la querella, se hace referencia expresa al precedente del accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero de 2026, para justificar la necesidad de estas medidas cautelares. Según sostiene el texto, la experiencia previa en siniestros de similar magnitud demuestra que el riesgo de deterioro de las evidencias materiales no es teórico, sino una posibilidad técnica que podría dificultar la instrucción judicial en curso.

Con esta iniciativa parlamentaria y judicial, se pretende que el juzgado competente ordene el precinto y la custodia de los elementos mecánicos y registros digitales antes de que se proceda a la normalización del tráfico ferroviario en la zona afectada del trazado toledano.