El Ministerio de Asuntos Exteriores ha remitido este miércoles al Tribunal Supremo, al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Junta Electoral Central (JEC) el listado oficial de los 163.355 ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española en los últimos meses a través de la denominada Ley de Memoria Democrática. Según la documentación aportada por el Gobierno, solo 901 de estos beneficiarios, lo que representa el 0,5% del total, han acreditado formalmente la condición de exiliado por causas políticas o ideológicas durante la Guerra Civil o el franquismo.
Esta cifra resulta determinante para el proceso electoral del próximo 29 de noviembre (29-N). De acuerdo con las medidas cautelares dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el pasado 10 de septiembre, únicamente aquellos nacionalizados que puedan certificar fehacientemente ser hijos o nietos de exiliados podrán ejercer su derecho al voto en los citados comicios. La resolución judicial suspende de forma provisional la aplicación de la norma para el resto de los nuevos inscritos que no cumplan con este requisito específico.
La baja tasa de acreditación de la condición de exilio se vincula a la instrucción técnica del Ministerio de Justicia redactada tras la aprobación de la ley. Dicha instrucción establecía que para obtener la nacionalidad bastaba con demostrar la ascendencia española de personas que hubieran salido del país entre 1936 y 1955, sin obligar a los consulados a distinguir entre migración por causas políticas o económicas. Como consecuencia de este criterio administrativo, la mayoría de los solicitantes no aportaron documentación probatoria de exilio ni las oficinas consulares la requirieron de oficio.
En términos de impacto electoral, el Ejecutivo central estima que la exclusión de estos ciudadanos tendrá una incidencia mínima en los resultados del 29-N. Fuentes del Ministerio de Justicia han señalado que, incluso si todos los afectados estuvieran inscritos en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior (CERA), el volumen de votos en disputa sería inferior a los 14.000, repartidos entre las 52 circunscripciones. Esta cifra representaría aproximadamente el 0,06% del total de los sufragios emitidos en las elecciones generales de 2023.
No obstante, la gestión del proceso administrativo ha generado controversia por presuntas irregularidades en delegaciones consulares, especialmente en México. Se han reportado casos de concesión de nacionalidad a perfiles que no cumplirían con los requisitos de ascendencia directa de exiliados de la Guerra Civil o la dictadura, incluyendo cargos políticos locales y ciudadanos cuyos antepasados habrían nacido fuera de España o emigrado en el siglo XIX.
Ante la sensibilidad de la información remitida, la Abogacía del Estado ha solicitado formalmente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que el listado de los 163.355 nombres sea declarado bajo carácter «reservado». La petición fundamenta la necesidad de proteger los datos de carácter personal y evitar posibles usos indebidos de la información por parte de los sujetos personados en la causa judicial abierta.
El escrutinio de los expedientes continúa por parte de la Administración. Hasta el pasado 21 de octubre, el Gobierno había revisado una quinta parte del total de los casos afectados por las medidas del Supremo, confirmando una tendencia constante en la que solo una fracción mínima de los beneficiarios por la denominada «ley de nietos» ha aportado las pruebas de cumplimiento de los requisitos exigidos por el alto tribunal para participar en la próxima jornada electoral.
