Los inspectores de Hacienda cuestionan la gestión de servicios públicos tras el accidente ferroviario en Urda

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha manifestado su pesar y una crítica profunda hacia la gestión de las infraestructuras públicas tras el fallecimiento de Antonio Montero, inspector de la Agencia Tributaria, en el reciente accidente ferroviario ocurrido en Urda. Este suceso representa el tercer siniestro mortal registrado en la red ferroviaria nacional en un periodo inferior a doce meses, lo que ha generado una reacción institucional por parte del colectivo de inspectores.

Durante la sesión de apertura del Congreso anual de la asociación, la presidenta de la IHE, Ana de la Herrán Piñar, ha vinculado la tragedia con la situación actual de los servicios públicos en el país. En su intervención, De la Herrán ha señalado que las deficiencias observadas no responden exclusivamente a fallos en los equipos técnicos, sino a la labor de las personas responsables de la dirección y administración de los servicios esenciales.

La representante del colectivo ha lamentado lo que califica como una degradación progresiva de la gestión pública, subrayando que esta situación afecta directamente a la seguridad y operatividad de los profesionales del Estado. El discurso ha marcado un inicio de jornada condicionado por el luto oficial de la institución y la demanda de mayores garantías en el mantenimiento de las infraestructuras de transporte.

Antonio Montero, el profesional fallecido en el siniestro, contaba con una trayectoria destacada dentro de la Agencia Tributaria. Su pérdida ha sido el eje central de un comunicado en el que la IHE expresa su solidaridad con la familia y compañeros del inspector, al tiempo que exige una revisión de los protocolos de gestión que han derivado en la actual tasa de siniestralidad ferroviaria.

El posicionamiento de los inspectores de Hacienda se produce en un marco de creciente debate técnico y administrativo sobre la inversión en la red pública. La asociación ha reiterado que el correcto funcionamiento de las instituciones y sus servicios asociados es una pieza fundamental para la estabilidad del Estado, instando a las autoridades competentes a asumir las responsabilidades derivadas de la dirección de los servicios públicos.