La UCO contradice la versión del DAO ante la Audiencia Nacional sobre las investigaciones por filtraciones
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que rebate la declaración prestada por el Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, ante el magistrado Santiago Pedraz. El documento técnico sostiene que la cúpula del cuerpo mantuvo abiertas investigaciones internas contra los agentes de la unidad de élite a pesar de tener constancia de que estos no eran el origen de las filtraciones periodísticas relacionadas con el caso de David Sánchez y las comunicaciones del exministro José Luis Ábalos.
El informe de la UCO desglosa las dos «informaciones reservadas» abiertas por el DAO. La primera de ellas se remonta a noviembre de 2024, tras la publicación del correo electrónico de Begoña Gómez en la Presidencia del Gobierno. Según el análisis de la unidad, la filtración no tuvo su origen en los investigadores, sino en una gestión errónea de la plataforma informática judicial al levantarse el secreto de sumario por parte de la magistrada Beatriz Biedma. Pese a que esta circunstancia fue comunicada, la dirección del cuerpo ordenó citar a los agentes con asistencia letrada para tomarles declaración.
El segundo episodio crítico se sitúa en mayo de 2025, con la publicación de una serie de mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La UCO argumenta que era «materialmente imposible» que los agentes filtraran dicho contenido, ya que los dispositivos analizados hasta esa fecha contenían datos únicamente hasta octubre de 2021. El informe subraya que la unidad ni siquiera estaba en posesión de los mensajes de 2023 que aparecieron en prensa, los cuales procederían presuntamente de un dispositivo intervenido durante un registro domiciliario a un tercero.
La documentación revela que, aunque el teniente general Llamas admitió por escrito el 14 de mayo que no existían indicios contra la UCO, la investigación interna permaneció activa hasta el 25 de mayo. El cese de estas diligencias internas solo se produjo tras la intervención del juez instructor del «caso mascarillas», Leopoldo Puente, quien advirtió formalmente al DAO de la posible apertura de diligencias penales por obstrucción a la justicia y prevaricación si persistía en la fiscalización de los agentes encargados de la investigación judicial.
Durante su comparecencia como investigado, el teniente general Manuel Llamas defendió su actuación calificándola de procedimiento administrativo habitual. El alto mando justificó la apertura de los expedientes tras recibir llamadas de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes habrían solicitado el esclarecimiento de las filtraciones. Llamas aportó ante el juez Pedraz un intercambio de mensajes con el general Alfonso López Malo para demostrar que las comprobaciones sobre los equipos incautados eran necesarias.
Por su parte, la UCO insiste en que las explicaciones ofrecidas a la superioridad fueron claras y reiteradas desde el primer momento, confirmando la inexistencia de los mensajes en sus bases de datos. El informe concluye que la presión ejercida sobre los investigadores mediante informaciones reservadas, cuando ya se conocía que el origen de las filtraciones era externo a la unidad, carecía de fundamento técnico y supuso una injerencia en el desarrollo de las causas judiciales en curso.
