El Instituto de la Empresa Familiar exige una revisión integral de las infraestructuras tras el accidente de Urda

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) ha calificado de «intolerable» el deterioro de las infraestructuras ferroviarias en España tras el siniestro ocurrido en Urda (Toledo), donde han perdido la vida al menos 69 personas. A través de un comunicado institucional, la organización empresarial ha demandado una revisión «en profundidad y con rigor» del estado de las vías para corregir las deficiencias técnicas que, a su juicio, han convertido este suceso en una «tragedia evitable».

La entidad presidida por Eloi Planes ha expresado su más profundo pesar y ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y heridos. En su pronunciamiento, el IEF destaca que España, como país moderno, no puede permitir que sus servicios esenciales alcancen un grado de degradación que comprometa la seguridad de la ciudadanía, especialmente tras haberse registrado tres accidentes mortales en el último año.

El comunicado vincula el malestar de la asociación con la recurrencia de estos eventos, mencionando de forma expresa el accidente ocurrido meses atrás en Adamuz. Para el Instituto, el dolor por las pérdidas humanas se suma a una «desgarradora sensación de impotencia» ante lo que consideran una falta de respuesta eficaz por parte de las autoridades competentes en el mantenimiento de la red básica de transporte.

Más allá de la investigación técnica que deba clarificar las causas específicas del descarrilamiento en Urda, la organización empresarial insta a las instituciones a centrar su acción en solucionar las «evidentes carencias» que el sistema ferroviario manifiesta de forma periódica. El texto concluye subrayando que la modernización del país debe ir aparejada de una fiscalización rigurosa de sus infraestructuras críticas.

Esta reclamación del IEF se alinea con otras voces del sector civil y profesional que han manifestado su preocupación por el estado de la inversión pública en transporte. La asociación reafirma así su compromiso con la exigencia de unos estándares de calidad institucional que garanticen el correcto funcionamiento de los servicios públicos esenciales en todo el territorio nacional.