El juzgado decreta prisión provisional para un segundo implicado en el movimiento Blocus en Valencia
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Catarroja, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre detenido en la localidad de Alfafar por su presunta vinculación con el movimiento denominado Blocus. Esta medida cautelar se produce tras la detención e ingreso en prisión del supuesto cabecilla y fundador de la organización en España, decretada el pasado sábado por el juzgado de guardia de Torrent.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el investigado está acusado de un presunto delito de pertenencia a grupo criminal. Las diligencias judiciales apuntan a que esta organización tendría como objetivo la movilización e inducción de terceras personas para la comisión de delitos de desórdenes públicos, robos con fuerza en establecimientos comerciales y daños dolosos en mobiliario público y propiedad privada.
La magistrada de la sección civil y de instrucción de Catarroja ha ratificado la medida privativa de libertad ante la gravedad de los hechos imputados y el riesgo de reiteración delictiva. La causa se instruye de forma coordinada con otras actuaciones abiertas en la provincia para desarticular la estructura operativa de este movimiento, cuya actividad se ha intensificado en diversas zonas del área metropolitana de Valencia.
La calificación jurídica de los hechos es provisional y se mantiene sin perjuicio de lo que resulte de la fase de instrucción y de las posteriores diligencias que se practiquen. Por el momento, el detenido permanece a disposición judicial mientras las autoridades continúan con la investigación para determinar el alcance total de la red y la posible implicación de otros integrantes en los altercados recientes.
Este nuevo auto judicial refuerza la línea de actuación de la justicia valenciana frente a grupos organizados orientados a la alteración del orden público y la comisión de delitos contra el patrimonio, en un contexto de vigilancia estricta sobre movimientos que promueven acciones violentas de forma coordinada.
