El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su formación se personará como acusación popular en la causa judicial abierta tras el accidente ferroviario de Urda, que ha causado hasta el momento 69 víctimas mortales. El objetivo de esta acción legal, según ha explicado el dirigente, es garantizar el esclarecimiento técnico de los hechos y asegurar que la investigación judicial determine las responsabilidades pertinentes sin que el proceso se limite a señalar un posible error humano.
Abascal ha criticado lo que considera una «degradación de las infraestructuras» en España, responsabilizando directamente al Ejecutivo de la obsolescencia del sistema ferroviario. Según el líder de Vox, la falta de renovación de la red viaria y la ausencia de nuevos mecanismos de seguridad han provocado el deterioro de un servicio que anteriormente era referente. En este sentido, ha rechazado de manera tajante que se intente responsabilizar únicamente al trabajador, calificando dicha postura de maniobra para desviar la atención sobre fallos técnicos sistémicos.
Como medida de control institucional, el dirigente ha solicitado la protección rigurosa de las pruebas en el lugar del siniestro. Abascal ha recordado incidentes previos, como el de Adamuz, donde denunció que se retiraron elementos probatorios de forma prematura. Además, ha reclamado una «auditoría completa» del gasto público para redirigir fondos destinados a partidas políticas y agendas ideológicas —citando específicamente la Agenda 2030 y el Pacto Verde— hacia el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras, la sanidad y la educación.
En el ámbito de la gestión política, Abascal ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de emplear la «violencia y la intimidación» a través de diversos grupos de presión ante lo que define como una situación de desesperación política. El representante de Vox ha denunciado la existencia de un «patrón común» en los actos de hostilidad contra su partido, atribuyendo una presunta complicidad al Ministerio del Interior y a la Presidencia del Gobierno en el desarrollo de estos acontecimientos.
Respecto a la denominada «ley de nietos», Abascal la ha definido como un «fraude» diseñado, a su juicio, para alterar el censo electoral y favorecer la permanencia del actual Ejecutivo en el poder. En materia migratoria, ha reafirmado la postura de su partido sobre la necesidad de proceder a la repatriación inmediata de quienes entren de forma irregular en territorio nacional, así como la deportación de extranjeros en situación legal que cometan delitos, con el fin de revertir lo que denomina una «invasión migratoria».
Finalmente, de cara a un posible cambio de gobierno, el líder de Vox ha avanzado que su prioridad será «levantar las alfombras» de las instituciones para conocer el estado real de la administración. Ha advertido que, si se confirman sus sospechas sobre irregularidades en la gestión actual, no dudará en exigir que las responsabilidades se diriman ante los tribunales, subrayando que la «prioridad nacional» será la condición irrenunciable de su formación en cualquier proceso de negociación postelectoral.
