El Tribunal Supremo ratifica en 38.508 euros las costas que García Ortiz debe abonar al abogado de González Amador
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de revisión interpuestos por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado contra la tasación de costas derivada de la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El alto tribunal ha confirmado que el importe de 38.508,26 euros correspondiente a los honorarios del letrado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, no resulta excesivo ni desproporcionado.
En un decreto firmado por la letrada de la Administración de Justicia, se aprueba de manera definitiva la tasación de costas procesales en un total de 39.009,48 euros, cifra que incluye tanto los honorarios del abogado Gabriel Rodríguez-Ramos como los derechos de la procuradora interviniente en la causa. La resolución judicial pone fin a la controversia sobre la cuantía de la minuta tras el proceso por revelación de datos reservados que afectó al empresario.
La resolución del Tribunal Supremo se fundamenta en la valoración conjunta de las actuaciones, el trabajo profesional desarrollado y la «singular complejidad» del procedimiento. Según el decreto, no se ha acreditado la existencia de una desproporción manifiesta que permita calificar los honorarios como abusivos. Esta decisión se apoya, además, en un informe del Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares, que consideró la cifra ajustada al tiempo de dedicación y a la relevancia técnica del caso.
El litigio por las costas se remonta a la sentencia de diciembre de 2025, en la que García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de secretos a una multa de 7.200 euros, dos años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo y el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales. La sentencia incluía la obligación de sufragar las costas procesales de la acusación particular, representada por González Amador.
Inicialmente, la representación legal de González Amador solicitó una minuta de 64.778 euros netos, que ascendía a más de 78.000 euros tras la aplicación del IVA. No obstante, tras las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que consideraban los importes «indebidos», la letrada de la Administración de Justicia realizó un ajuste parcial el pasado 26 de marzo, fijando la cantidad definitiva que ahora ha sido ratificada por el alto tribunal.
Con este auto, el Tribunal Supremo rechaza los últimos argumentos de las instituciones del Estado, que sostenían que las partidas aprobadas eran excesivas. El tribunal concluye que, una vez excluidas las partidas consideradas indebidas en la primera revisión, el remanente de 38.508 euros responde estrictamente a los criterios de profesionalidad y complejidad que rigieron la defensa de la acusación particular en este procedimiento institucional.
