La Policía Nacional y los Gestores Administrativos formalizan un marco estable de colaboración contra el fraude documental

La Policía Nacional y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España han suscrito este lunes un procedimiento institucional operativo destinado a intensificar la lucha contra el fraude, las falsedades documentales y las actuaciones ilícitas en el ámbito administrativo. El acuerdo, firmado por el comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual Grasa, y el presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago Ollero, establece una estructura de cooperación para prevenir y detectar conductas que comprometan la seguridad jurídica y el patrimonio ciudadano.

Este nuevo marco de actuación responde a la creciente complejidad de la tramitación administrativa y a la expansión del canal electrónico, factores que han facilitado nuevas modalidades de delincuencia, como la suplantación de identidad y el uso de documentación falsa en procedimientos públicos. Con esta rúbrica, la profesión de gestor administrativo pone a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su conocimiento especializado en la gestión de expedientes y sus herramientas tecnológicas para fortalecer la legalidad vigente.

Tres ejes de cooperación operativa

El procedimiento articula la colaboración institucional en torno a tres líneas fundamentales: la promoción de iniciativas conjuntas contra actividades ilícitas, el intercambio de información técnica y operativa dentro de los límites legales, y la designación de puntos de contacto oficiales. Estos canales de comunicación directa permitirán agilizar las investigaciones policiales, facilitando que los agentes dispongan de información relevante y técnica necesaria para el esclarecimiento de delitos económicos y documentales.

Durante el acto, el comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual Grasa, ha destacado que la implicación de los sectores profesionales es una herramienta fundamental para reforzar la eficacia policial. Según ha señalado, esta respuesta conjunta permite afrontar con mayores garantías las nuevas formas de criminalidad que aprovechan los resquicios de la Administración pública para obtener beneficios ilícitos.

Garantía de la colegiación profesional

Por su parte, Fernando Jesús Santiago Ollero ha reivindicado el papel del gestor administrativo como garante de la legalidad en su intermediación entre ciudadanos, empresas y administraciones. «La colegiación no es una formalidad, sino un sistema de garantías y controles que protege al ciudadano», ha afirmado el presidente del Consejo General, quien ha subrayado que el conocimiento interno de la tramitación administrativa es un activo valioso para la prevención del fraude.

El acuerdo también busca diferenciar claramente el ejercicio profesional regulado de aquellas actividades que se desarrollan sin control colegial. Según Santiago Ollero, quienes utilizan los procedimientos públicos para cometer fraudes son los principales enemigos de la profesión, ya que erosionan la confianza necesaria para el correcto funcionamiento del sistema administrativo.

Seguimiento y adhesión territorial

Para velar por el cumplimiento de los objetivos fijados, se constituirá una Comisión de Seguimiento que se reunirá con carácter anual o cuando las necesidades operativas lo requieran. Además, el protocolo está diseñado para que los distintos Colegios de Gestores Administrativos de España puedan adherirse de forma individual, trasladando este modelo de colaboración a todo el territorio nacional bajo criterios de proximidad.

El instrumento de cooperación tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable de forma automática, y se ha formalizado sin que ello suponga contraprestaciones económicas para las partes ni incremento del gasto público. Con esta iniciativa, ambas instituciones consolidan una estructura estable de trabajo coordinado en beneficio de la seguridad jurídica y la protección del ordenamiento administrativo.