El sindicato Alferro denuncia ante la Fiscalía el acceso del ministro Puente a los audios del accidente de Urda

El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) ha solicitado formalmente a la Fiscalía del Tribunal Supremo la apertura de una investigación para esclarecer cómo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, obtuvo acceso a las grabaciones de seguridad tras el siniestro ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). La organización sindical considera que la difusión pública de estas comunicaciones entre el centro de mando y el personal de conducción podría ser constitutiva de delitos de revelación de secretos y de actuaciones procesales declaradas bajo reserva.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público requiere que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y el Ministerio de Transportes informen sobre la trazabilidad de dichos archivos sonoros. Alferro demanda conocer con exactitud la fecha, la hora, el medio técnico de acceso y la identidad de las personas que autorizaron la entrega de las grabaciones al titular del Ejecutivo, además de auditar los sistemas de custodia de este material sensible.

El origen de la acción judicial se sitúa en una rueda de prensa ofrecida por Puente horas después del accidente. Durante su comparecencia, el ministro detalló el contenido de las conversaciones entre los operarios, señalando una posible instrucción errónea del Centro de Control que fue corregida por un maquinista. Según el sindicato, esta declaración pública confirma que el miembro del Gobierno accedió a pruebas documentales en un momento en que el Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz, encargado del caso, podría haber mantenido las actuaciones bajo secreto de sumario.

En su escrito de diligencias, la organización ferroviaria insta a la Fiscalía a recabar los protocolos internos de confidencialidad de ADIF para determinar si el contenido de las comunicaciones estaba sujeto a un deber jurídico de reserva. Asimismo, solicita la identificación de los responsables de la filtración de los archivos originales a los medios de comunicación, que comenzaron a circular de forma íntegra la noche del 28 de octubre, coincidiendo con la jornada del siniestro.

Esta es la primera denuncia dirigida directamente contra el ministro Puente ante el Tribunal Supremo por estos hechos, aunque se suma a la ya interpuesta por el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ante el juzgado territorial de Toledo. Ambas organizaciones coinciden en la preocupación por el uso de estas filtraciones, que a juicio del sector, podrían estar orientadas a señalar la responsabilidad técnica de los trabajadores antes de que concluya la investigación oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la instrucción judicial.

Desde el entorno de Alferro se subraya la necesidad de una investigación rigurosa que respete las garantías procesales. El sindicato enfatiza que la divulgación anticipada de pruebas de cargo no solo vulnera el derecho a la intimidad y reserva de los empleados implicados, sino que puede condicionar el desarrollo de un procedimiento judicial que investiga un accidente con víctimas mortales.