El Ministerio de la Presidencia suspende la licitación para reforzar la ciberseguridad frente a la inteligencia artificial ofensiva

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha paralizado la tramitación de un contrato valorado en 169.394 euros destinado a fortalecer la seguridad de sus sistemas de información. El proyecto, que incluía la protección frente a amenazas derivadas de la inteligencia artificial (IA) ofensiva, fue suspendido el pasado 14 de octubre, apenas ocho días después de su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La anulación de los pliegos y del anuncio de licitación se produjo en un contexto marcado por la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Aunque la documentación técnica del contrato fue rubricada el 21 de septiembre, su publicación oficial coincidió con la entrada en vigor del decreto de convocatoria electoral. Hasta el momento, el departamento ministerial no ha hecho pública la causa específica que ha motivado la interrupción del procedimiento administrativo.

El objeto del contrato consistía en la contratación de una asistencia técnica externa para adecuar los sistemas del Ministerio al Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Entre las tareas principales destacaba la implantación de controles de seguridad, la evaluación de riesgos y la preparación de auditorías para acreditar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y ciberseguridad en la Administración Pública.

El pliego técnico, elaborado por la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, subrayaba la necesidad de dar respuesta a nuevos desafíos tecnológicos. El documento citaba expresamente la aparición de la inteligencia artificial ofensiva, un término que engloba el uso de herramientas de aprendizaje automático para automatizar intentos de intrusión, perfeccionar técnicas de suplantación de identidad o facilitar ataques informáticos a gran escala.

La licitación, tramitada mediante un procedimiento abierto simplificado, establecía una duración inicial de doce meses. Para concurrir, las empresas aspirantes debían acreditar solvencia técnica mediante certificaciones internacionales de seguridad de la información, como la ISO 27001, y la conformidad de categoría alta con el ENS. El sistema de adjudicación propuesto otorgaba un peso del 60% a la experiencia profesional del equipo técnico y un 40% a la oferta económica.

Según los registros del expediente, el Ministerio ya contaba con análisis previos que identificaban áreas de mejora en sus sistemas, las cuales debían ser subsanadas mediante esta asistencia externa. No obstante, la documentación disponible no refleja la existencia de incidentes de seguridad previos ni brechas críticas, enmarcando la iniciativa en una estrategia de prevención y actualización regulatoria frente a la evolución de las amenazas digitales y la nueva normativa europea en materia de inteligencia artificial.

La suspensión se hizo efectiva mediante una nota informativa incorporada al expediente el mismo día en que se procedió a la anulación de los documentos de licitación. Por ahora, el expediente figura en el apartado de anuncios anulados, sin que se haya especificado si el procedimiento será reanudado bajo nuevas condiciones o si quedará definitivamente descartado por el departamento que dirige la política de seguridad informática de La Moncloa.