Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid —UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC— inician este miércoles una jornada de huelga de dos días en protesta por lo que consideran una «asfixia económica» y la infrafinanciación de los centros de educación superior. La movilización, que coincide con la cuarta semana de paros indefinidos del profesorado no universitario, busca denunciar la situación de precariedad del sistema y exigir un aumento presupuestario acorde a la normativa estatal vigente.
El calendario de protestas comienza hoy con la formación de piquetes informativos en los distintos campus y una marcha que conectará la sede del PSOE en la calle Ferraz con la del PP en la calle Génova. Para la jornada del jueves, las organizaciones convocantes han programado una concentración frente a la Consejería de Educación a mediodía y una manifestación vespertina que transcurrirá desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Estas acciones se desarrollan, además, de forma previa a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.
El eje central del conflicto reside en el modelo de financiación plurianual firmado el pasado mes de marzo entre el Gobierno regional y los rectores de las instituciones. Según las plataformas en defensa de la universidad pública, dicho acuerdo resulta «insuficiente» al mantener la inversión en el 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Esta cifra se sitúa sensiblemente por debajo del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y de las medias nacional (0,75%) y europea (0,92%).
Los colectivos convocantes sostienen que la política presupuestaria de la administración autonómica no es un error de cálculo, sino una «decisión deliberada» que degrada el servicio público y desplaza a los estudiantes hacia el sector privado. En este sentido, critican que el proyecto de Presupuestos para 2027 consolida los recortes de años anteriores con un crecimiento real que califican de «prácticamente nulo».
Como alternativa, las plataformas han presentado una propuesta para alcanzar el objetivo del 1% del PIB en el año 2031. Esta hoja de ruta requeriría un incremento anual de 0,13 puntos porcentuales del PIB, lo que supondría para el ejercicio de 2027 una partida adicional de 362 millones de euros sobre lo actualmente previsto. Los sindicatos y asociaciones universitarias defienden que este esfuerzo económico es «perfectamente asumible» dado el contexto macroeconómico de la región.
Por su parte, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha defendido la vigencia y suficiencia del acuerdo alcanzado en mayo, calificándolo nuevamente de «histórico». Desde el Ejecutivo regional se subraya que la partida destinada exclusivamente a universidades alcanza este año casi los 1.500 millones de euros, integrándose en un compromiso plurianual que asciende a un total de 14.800 millones de euros. Zarzalejo ha expresado su desacuerdo con las críticas actuales, recordando que el pacto fue suscrito por los rectores de las seis instituciones públicas madrileñas.
