El juzgado fija para febrero el juicio entre Félix Bolaños y Víctor de Aldama por la demanda sobre el derecho al honor
El próximo 17 de febrero ha sido la fecha señalada para que el empresario y comisionista Víctor de Aldama comparezca ante los tribunales en el marco de la demanda por presunta vulneración del derecho al honor interpuesta por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El procedimiento judicial abordará las afirmaciones realizadas por el entorno de Aldama, en las que se acusaba al titular de Justicia de intentar «comprar su silencio» en relación con diversos procesos judiciales.
Este miércoles se ha celebrado la audiencia previa del caso, en la que se han analizado las pruebas y testimonios que conformarán la vista oral. Según han informado fuentes jurídicas, la defensa de Aldama ha modificado la versión mantenida inicialmente en medios de comunicación. Si bien en un primer momento se sugirió un contacto directo por parte del ministro, la representación del empresario sostiene ahora que fueron «tres emisarios» vinculados al titular de Justicia quienes habrían realizado dicho ofrecimiento al director de comunicación de Aldama, Ramón Bermejo.
En el transcurso de la sesión, se ha puesto de manifiesto una discrepancia técnica respecto a las pruebas documentales aportadas. Las facturas telefónicas presentadas por la defensa de Aldama reflejan exclusivamente llamadas salientes realizadas por su director de comunicación hacia las centralitas del Congreso de los Diputados y de la sede nacional del PSOE. Según consta en el análisis de dichos registros, no figuran llamadas entrantes que acrediten la iniciativa de contacto por parte del Ministerio o de terceras personas en su nombre.
La demanda de Félix Bolaños fue interpuesta el pasado mes de mayo, tras las declaraciones de Aldama en el contexto del denominado «caso mascarillas», por el cual fue condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de prisión, eludiendo el ingreso tras colaborar con la justicia. El ministro considera que las acusaciones de soborno carecen de fundamento y responden a un fin espurio destinado a involucrarle en asuntos ajenos a su gestión, subrayando que nunca ha mantenido relación personal o profesional con el empresario.
En sus pretensiones legales, la Abogacía del Estado, en representación del ministro, solicita una indemnización de 70.000 euros por daños y perjuicios. Asimismo, se requiere que el demandado cese en la difusión de estas afirmaciones por cualquier vía y se le condene a publicar el fallo de la sentencia en medios públicos y redes sociales, con especial mención a la plataforma X (anteriormente Twitter), con el objetivo de resarcir el daño reputacional causado.
El juicio del próximo mes de febrero será determinante para establecer si las manifestaciones del comisionista y su equipo de comunicación constituyeron una vulneración ilegítima del honor de un miembro del Ejecutivo o si, por el contrario, se enmarcan dentro de la libertad de expresión, a pesar de la ausencia de registros de llamadas entrantes en los terminales presentados como prueba.
