El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha negado este miércoles ante la Audiencia Nacional cualquier tipo de intervención en la adjudicación de los contratos públicos vinculados a la construcción de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II. Durante su declaración como acusado en el juicio por el «caso Lezo», el exmandatario ha asegurado que las decisiones sobre las contrataciones del ente público eran competencia exclusiva de su consejo de administración y que él «jamás» participó en dichos procesos.
González, quien ocupaba la vicepresidencia del Gobierno regional durante el periodo investigado, ha sostenido ante las preguntas del Ministerio Fiscal que no conoce ni ha mantenido conversaciones con los responsables de las empresas adjudicatarias para favorecer sus intereses. «No conozco a nadie, no he hablado nunca con nadie, nunca he pedido nada a nadie, nunca he intervenido a favor de nadie», ha aseverado el expresidente madrileño durante la vista oral.
Según el relato del acusado, el proyecto de las instalaciones deportivas en el tercer depósito del Canal de Isabel II fue modificado en el año 2004 por iniciativa de la entonces presidenta Esperanza Aguirre. González ha explicado que Aguirre consideró inoportuna la construcción de un helipuerto en el centro de Madrid, optando en su lugar por dotar al distrito de instalaciones deportivas. Las obras habían sido adjudicadas inicialmente a la constructora Dragados en 2003, firma que posteriormente subcontrató a la empresa Tecnoconcret (TCT).
En relación con la presunta vinculación de sus familiares con la empresa subcontratista, González ha afirmado que no tuvo conocimiento de que su hermano, Pablo González, o su cuñado, Juan José Caballero, estuvieran relacionados con TCT en el momento de la adjudicación. Ha precisado que sus familiares entraron en dicha sociedad en 2008, un periodo en el que la empresa ya no mantenía relación con el Canal de Isabel II. Asimismo, ha señalado que los responsables de la constructora Dragados han declarado en el proceso no conocerle personalmente.
En la misma sesión han declarado Pablo González y Juan José Caballero, quienes han ratificado que su relación con la empresa TCT se inició en 2006 con motivo de un proyecto para la Copa América en Venezuela. Ambos han negado haber gestionado cualquier tipo de contrato con el Canal de Isabel II o haber informado al expresidente madrileño sobre sus actividades empresariales en aquel momento. Caballero ha añadido que su participación en reuniones puntuales de la empresa se limitó a labores de soporte comercial debido a su fluidez con el idioma inglés.
Por otro lado, el exdirector gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, también se ha desvinculado de las irregularidades señaladas. De Miguel ha manifestado que la responsabilidad de las adjudicaciones recaía en las mesas de contratación y los técnicos competentes, y ha asegurado que era imposible para la gerencia conocer la composición accionarial de todas las empresas que se presentaban a los concursos públicos.
La Fiscalía solicita para los acusados penas de seis años de prisión y una multa de 550.000 euros. Se les imputan delitos de cohecho en calidad de autores y cooperadores necesarios, en un procedimiento que busca esclarecer si existió un desvío de fondos públicos y un trato de favor en la gestión de las infraestructuras deportivas del organismo regional de aguas.
