El PP vincula a Sánchez con la investigación judicial tras las nuevas detenciones del ‘caso Koldo’
La Audiencia Nacional ha ordenado este jueves la detención de seis personas en el marco de una nueva pieza separada y secreta derivada del ‘caso Koldo’. La operación, ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha motivado una reacción inmediata del Partido Popular, cuya portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al recordar que varios de sus colaboradores cercanos en las primarias del PSOE de 2017 han sido objeto de actuaciones judiciales.
Entre los detenidos en esta nueva fase de la instrucción, dirigida por el magistrado Ismael Moreno, figuran Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Cristian Corvillo. El Partido Popular identifica a este último como la persona que ejerció funciones de chófer para Sánchez durante la campaña interna socialista de 2017. Las diligencias policiales han incluido registros en domicilios de Valencia y requerimientos de información en la sede de Adif, extendiéndose las actuaciones por Madrid, Córdoba y Sevilla.
Desde Elda (Alicante), la diputada Ester Muñoz ha valorado los arrestos vinculándolos al entorno personal y político del jefe del Ejecutivo. «De aquel coche de 2017 en el que Pedro Sánchez llevaba a sus manos derechas para recuperar el control del Partido Socialista y de ahí alcanzar la Moncloa, todos han sido detenidos menos él», ha manifestado la portavoz popular, quien ha insistido en referirse al presidente como «el número uno» de la trama investigada.
La instrucción judicial, que se originó por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, mantiene abiertas diversas líneas de investigación. Una de las ramificaciones principales fue juzgada por el Tribunal Supremo, resultando en condenas de prisión para el exministro Ábalos y su asesor Koldo García, además del empresario Víctor de Aldama, quien evitó el ingreso en centro penitenciario tras colaborar con las autoridades judiciales.
El magistrado Ismael Moreno acordó la apertura de esta nueva pieza secreta tras recibir un informe detallado de la UCO. Además del presunto fraude en material sanitario, el juzgado indaga supuestos amaños en adjudicaciones de obra pública y el origen de pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. Las actuaciones de este jueves representan un avance significativo en el esclarecimiento de las presuntas redes de influencia y financiación que operaban en el entorno del Ministerio de Transportes.
Hasta el momento, el Gobierno y el Partido Socialista han evitado realizar declaraciones oficiales sobre estas nuevas detenciones, mientras que la Guardia Civil continúa procesando la información recabada en los registros y los requerimientos efectuados en los organismos públicos implicados.
