La Fiscalía rebaja a cinco años la petición de pena para Ignacio González en el juicio por el caso Lezo

La Fiscalía ha modificado sus conclusiones definitivas en el juicio que se sigue contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II. El Ministerio Público ha rebajado la petición de condena de seis a cinco años de prisión para González, al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial.

La fiscal Ana Cuenca ha extendido esta rebaja en la solicitud de penas al resto de los procesados en esta pieza del denominado ‘caso Lezo’. Entre ellos se encuentran el exdirector gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel; el hermano del expresidente, Pablo Manuel González; su cuñado, Juan José Caballero; y el socio de la mercantil TCT, José Antonio Clemente. Para todos ellos, la acusación pública solicita ahora cinco años de cárcel por un presunto delito de cohecho.

Según el informe final del Ministerio Público, la adjudicación de las obras de la cubierta del tercer depósito del Canal, otorgadas originalmente a la constructora Dragados en 2004, estuvo «preordenada» con la finalidad de beneficiar económicamente a los familiares de Ignacio González. La fiscal ha sostenido que la empresa Tecnologías de Cortocircuitos (TCT) actuó como una «sociedad comisionista» que carecía de personal, experiencia y solvencia técnica para realizar los trabajos.

La acusación sostiene que la participación de González fue «esencial» en la operativa, dada su posición como vicepresidente del Gobierno regional y máximo órgano de contratación del ente público en aquel periodo. La Fiscalía cifra en aproximadamente 294.000 euros el beneficio obtenido por los familiares del exdirigente a través de fondos públicos mediante la interposición de contratos que, según la fiscal, resultaban «innecesarios» para la ejecución de las obras.

Por el contrario, la defensa de Ignacio González ha solicitado la libre absolución de su representado, argumentando que no existe prueba alguna que sustente las acusaciones de malversación, tráfico de influencias o cohecho. El letrado Esteban Mestre ha afirmado en su exposición final que ningún testigo ni perito ha acreditado que el expresidente madrileño ejerciera presiones o condicionara los procesos de adjudicación administrativa bajo sospecha.

Asimismo, las defensas de los familiares de González y del resto de implicados han rechazado la tesis de la fiscalía, calificándola de «falacia» y defendiendo que las labores de intermediación realizadas por TCT se ajustaron a la legalidad comercial. Tras la exposición de los informes finales y después de que ninguno de los acusados hiciera uso de su derecho a la última palabra, el tribunal ha declarado el juicio visto para sentencia.