El Partido Popular incorporará a su programa electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre el compromiso de impulsar que la selección española de fútbol no participe en el Mundial de 2030 en caso de que la FIFA designe a Marruecos como sede de la gran final. Esta medida, que el partido ultima como eje de su estrategia de presión internacional, busca garantizar que el partido más relevante del torneo se dispute en territorio español.
La iniciativa de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo supone un endurecimiento institucional de su posición respecto a la candidatura conjunta que España comparte con Marruecos y Portugal. El objetivo de la propuesta es ejercer una fórmula de presión directa sobre el organismo que preside Gianni Infantino antes de que se adopte la decisión definitiva sobre las sedes, prevista para el año 2027. De cumplirse esta advertencia, se daría la circunstancia inédita de que el vigente campeón y coanfitrión se ausentara de la cita mundialista.
Este movimiento programático sucede a las declaraciones realizadas en meses previos por diversos portavoces de la formación. En agosto, la vicesecretaria nacional de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, manifestó que España no debería organizar un torneo cuya final no albergara. Posteriormente, el portavoz nacional, Borja Sémper, instó a replantear el papel de España si se confirmaba la adjudicación del partido decisivo al estadio de Casablanca. Con la inclusión en el programa electoral, el PP traslada ahora estas advertencias al plano de los compromisos deportivos formales.
Desde el punto de vista competencial, la propuesta encuentra límites jurídicos definidos. La decisión de retirar a la selección nacional de una competición internacional no corresponde al Gobierno, sino a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que es la entidad con representación ante la FIFA. El Ejecutivo tiene capacidad para promover la medida y ejercer interlocución política, pero carece de la potestad legal para ordenar unilateralmente la incomparecencia del equipo nacional.
Asimismo, la estrategia de los populares evita plantear la renuncia de España a la organización del Mundial para eludir posibles responsabilidades económicas y jurídicas derivadas de los contratos ya suscritos. La inversión global prevista por el Estado en infraestructuras se sitúa en los 750 millones de euros, con un impacto económico estimado en el Producto Interior Bruto (PIB) de 5.120 millones de euros y la creación de más de 82.500 empleos. La retirada de la organización supondría un incumplimiento de los acuerdos adjudicados por la FIFA en diciembre de 2024.
La propuesta del PP coincide con la ofensiva diplomática desplegada por el Reino de Marruecos. El rey Mohamed VI ha impulsado una operación internacional para captar apoyos dentro de la FIFA con el fin de trasladar la final al futuro estadio Hassan II en Casablanca. Este despliegue de influencia se produce en el marco del próximo congreso electivo de la FIFA, que se celebrará en Rabat en marzo de 2027, y en el que Gianni Infantino optará a la reelección frente a candidatos como Ramón Vega o Kozo Tashima.
Mientras se dirime la pugna por la sede de la final, la FIFA ha anunciado que iniciará inspecciones técnicas en las ciudades candidatas de los tres países organizadores durante los meses de noviembre y diciembre. El organismo rector del fútbol mundial mantiene que la distribución definitiva de los encuentros se comunicará una vez concluidas estas visitas técnicas y validadas todas las sedes propuestas.
