La Justicia investiga un contrato de baterías de ADIF de 11,6 millones de euros por presunta prevaricación
Un juzgado de instrucción de Madrid ha iniciado diligencias para investigar la adjudicación de un contrato de suministro de baterías por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en 2021. El procedimiento, valorado en 11,6 millones de euros, se encuentra bajo el escrutinio judicial tras una querella presentada por una de las licitadoras que perdió el concurso. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado documentación oficial a la entidad pública para determinar la existencia de un presunto delito de prevaricación en el proceso de adjudicación a la empresa Veolia.
El contrato en cuestión fue licitado originalmente en 2019 con un valor de 19,3 millones de euros y finalmente adjudicado el 30 de abril de 2021. El objeto del mismo era el suministro de baterías destinadas a garantizar el funcionamiento de la red ferroviaria, tanto convencional como de alta velocidad, en caso de fallos en el sistema eléctrico. La investigación judicial se centra en el cambio de criterio técnico que permitió a la adjudicataria final obtener los dos lotes del contrato, a pesar de no haber sido la primera opción en las fases iniciales de la licitación.
Según la documentación del Portal de Contratación, ADIF propuso inicialmente a las empresas Salicru y VT Batteries como adjudicatarias de los lotes 1 y 2, respectivamente, por ser las ofertas mejor clasificadas. Sin embargo, meses después, el gestor de infraestructuras desestimó ambas opciones alegando una falta de acreditación de la solvencia técnica requerida. Fue en marzo de 2021 cuando se propuso a Veolia, que inicialmente ocupaba puestos secundarios en la baremación técnica.
La querella interpuesta por la empresa VT Batteries sostiene que la adjudicataria pudo incurrir en un delito de estafa al presuntamente falsear sus capacidades técnicas. El escrito de acusación señala que Veolia presentó a la mercantil Meibat como fabricante de las baterías para cumplir con los pliegos, cuando en realidad operaba como distribuidor. Asimismo, se aportan informes periciales que denuncian una supuesta alteración de las fichas técnicas y tablas de potencia para ajustar artificialmente los productos a los requerimientos exigidos por ADIF.
La actuación de los responsables de ADIF también forma parte de las diligencias. Inicialmente, el organismo técnico de la entidad pública puso objeciones a la oferta de Veolia, señalando que algunos modelos solo cumplían el 11% de las especificaciones. No obstante, ADIF aceptó finalmente una «declaración responsable» de la compañía asegurando el cumplimiento de los requisitos. Los informes de solvencia que avalaron este paso fueron firmados por Ángel Contreras, quien en aquel momento ocupaba la Dirección General de Conservación y Mantenimiento y posteriormente llegó a presidir la compañía hasta su destitución en septiembre de 2024.
Fuentes oficiales de Veolia han manifestado que el procedimiento se ajustó estrictamente a la Ley de Contratos del Sector Público y que la compañía cumplió con todas las exigencias técnicas. Cabe destacar que tanto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) como la Audiencia Nacional desestimaron previamente recursos administrativos contra esta adjudicación en los años 2021 y 2024.
La investigación penal deberá determinar ahora si los cambios en las valoraciones técnicas y la aceptación de las declaraciones de la adjudicataria se ajustaron a derecho o si, por el contrario, existió una voluntad de favorecer a una empresa específica en detrimento de la concurrencia competitiva y la normativa vigente de contratación pública.
