La Eurocámara admite a trámite una petición contra la «ley de nietos» por posible conflicto con el derecho de la Unión
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado para su análisis una solicitud que cuestiona la compatibilidad de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos», con el marco normativo de la Unión Europea. La iniciativa, promovida por el fiscal Juan Gallego Alférez a título particular, sostiene que el proceso de nacionalización masiva derivado de la norma española podría contravenir los principios de proporcionalidad y vínculo efectivo exigidos por el derecho comunitario.
El eje central de la reclamación reside en la presunta atribución indiscriminada de la nacionalidad española y, por extensión, de la ciudadanía europea, sin las garantías de individualización necesarias. Según el escrito remitido a la institución parlamentaria, la actual legislación permite el acceso a la nacionalidad a descendientes de españoles sin requerir residencia previa en España ni la renuncia a la nacionalidad de origen, lo que, a juicio del peticionario, podría afectar a la integridad de la ciudadanía de la Unión Europea y al funcionamiento del espacio común de libre circulación.
El peticionario argumenta que esta situación incide directamente en los artículos 20 y 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por ello, la queja solicita formalmente que el Parlamento Europeo inste a la Comisión Europea a evaluar la conformidad de la ley con el acervo comunitario y a valorar la posible apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino de España, bajo el amparo del artículo 258 del TFUE.
Los datos técnicos aportados en la solicitud subrayan la magnitud del proceso administrativo. Según cifras oficiales del Gobierno de España citadas en el escrito, hasta el cierre del plazo el pasado 22 de octubre de 2025, se habían presentado 876.321 solicitudes de nacionalidad, de las cuales se han concedido ya cerca de 237.000. La mayoría de estos expedientes se concentran en demarcaciones consulares de Iberoamérica, con especial incidencia en Argentina, y en el Consulado General en Miami.
La petición reclama asimismo que la Comisión de Peticiones recabe un informe técnico que contraste la medida española con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, citando expresamente el caso Comisión contra Malta relativo a la concesión de ciudadanía. El texto advierte finalmente sobre el riesgo que una alteración masiva del cuerpo electoral podría suponer para la integridad de los mecanismos democráticos de un Estado miembro, conforme a los valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
Tras la admisión a trámite, la Eurocámara ha abierto el proceso para la adhesión de otros ciudadanos a la petición, mientras se espera que los servicios jurídicos y la Comisión Europea se pronuncien sobre el fondo de la reclamación en los próximos meses.
