Estados Unidos insta a preservar la institucionalidad en Paraguay ante el proceso de juicio político a Santiago Peña
El Gobierno de Estados Unidos ha realizado un llamamiento urgente a la paz social y al respeto de las instituciones democráticas en Paraguay, en medio de la crisis institucional desatada tras la dimisión presentada por el presidente Santiago Peña. El Congreso Nacional ha rechazado la renuncia del mandatario, optando por iniciar un proceso de juicio político o ‘impeachment’ para determinar las responsabilidades del Ejecutivo en el colapso del sistema financiero local.
A través de un comunicado oficial, la Embajada estadounidense manifestó su solidaridad con la ciudadanía paraguaya, subrayando su condición de aliado histórico de la nación. Las autoridades norteamericanas instaron a mantener la cordura social y a asegurar que el proceso legislativo se desarrolle bajo una estricta sujeción constitucional, evitando escaladas de violencia en el país sudamericano.
La decisión del Poder Legislativo de no aceptar la renuncia de Peña se fundamenta en la interpretación de que su salida voluntaria buscaba activar de forma inmediata su condición de senador vitalicio. Este cargo, de carácter honorífico para los expresidentes paraguayos, otorga inmunidad parlamentaria (aforamiento), lo que, según los legisladores, podría ser utilizado como un mecanismo para eludir las investigaciones judiciales en curso.
El trasfondo de esta crisis política se sitúa en la reciente intervención y disolución de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay. La autoridad monetaria determinó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por ley. Santiago Peña mantuvo vínculos directos con Ueno Holding, propietaria del banco, hasta marzo de 2025, lo que ha generado sospechas sobre la imparcialidad de su gestión.
Durante el mandato presidencial, la entidad financiera privada recibió millonarias inyecciones de recursos procedentes de fondos públicos, una situación que ha sido denunciada por la oposición parlamentaria. Los sectores críticos acusan al mandatario de incurrir en graves conflictos de intereses, permitir el uso indebido de fondos de pensiones y haber encubierto irregularidades administrativas dentro del sistema financiero.
Con el inicio formal del juicio político, el Congreso Nacional asume el control del proceso de rendición de cuentas, mientras la comunidad internacional observa con atención la estabilidad del país. El desenlace de este procedimiento marcará un precedente en el tratamiento de los vínculos entre el poder político y los intereses financieros privados en la República de Paraguay.
