La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación de oficio por un presunto fraude relacionado con el uso de fondos Next Generation destinados a la modernización de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. En el marco de estas diligencias, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron el pasado viernes en la sede del Tribunal de Cuentas para requerir documentación técnica y administrativa sobre contratos de Adif financiados por la Unión Europea.
La actuación judicial se centra en las inversiones destinadas a los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones del corredor ferroviario. La Fiscalía Europea confirmó que las medidas de investigación se extienden también a las sedes de Adif y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). El objetivo principal es esclarecer posibles irregularidades en la gestión de los recursos públicos tras los accidentes ferroviarios registrados en 2026 en las localidades de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba).
El foco de la fiscalización recae sobre un contrato específico de 77,5 millones de euros (93 millones con IVA) adjudicado en octubre de 2021 a la empresa Thales España. Dicho proyecto contemplaba la sustitución del antiguo sistema de seguridad LZB por el sistema europeo ERTMS, además de la actualización de las telecomunicaciones fijas. Según los informes preliminares, el ente fiscalizador detectó deficiencias en la acreditación de los poderes de representación de las personas que suscribieron documentos críticos del expediente.
Un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobado en diciembre de 2025, ya había advertido sobre estas anomalías en una muestra de contratos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El organismo señaló que, en el caso de la adjudicación a Thales, no se había podido comprobar suficientemente la capacidad legal de los firmantes para representar a la sociedad en documentos exigidos para la recepción de fondos comunitarios, como las declaraciones de ausencia de conflicto de interés.
Adif, por su parte, alegó en su momento que los firmantes no aparecían en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) con los poderes necesarios, motivo por el cual solicitó la subsanación de la documentación. No obstante, el Tribunal de Cuentas mantuvo la incidencia en su informe definitivo al considerar que la acreditación de la representación seguía siendo insuficiente para verificar el cumplimiento de las condiciones de financiación impuestas por Bruselas.
La investigación busca ahora determinar si esta falta de acreditación formal de poderes implica una vulneración de la normativa de fondos europeos o si existen indicios de fraude en la ejecución material del contrato. La adjudicación presentaba inicialmente una baja del 28,5% respecto al presupuesto de licitación, lo que llevó a Adif a solicitar explicaciones adicionales a la adjudicataria antes de validar la propuesta.
Aunque las instalaciones físicas del nuevo sistema de señalización se dieron por concluidas en junio de 2026, la puesta en servicio completa no estaba prevista hasta principios de 2027, a la espera de las autorizaciones de seguridad pertinentes. Durante este periodo de transición, el servicio ha seguido operando bajo el sistema LZB, el cual ha registrado numerosas incidencias técnicas antes de los siniestros ocurridos en el corredor de alta velocidad.
