La justicia investiga por presunto fraude fiscal a los periodistas ucranianos Anatoli Sharii y Olga Bondarenko

El Juzgado de Instrucción número 5 de El Vendrell (Tarragona) ha citado en calidad de investigados a los periodistas ucranianos Anatoli Sharii y Olga Bondarenko por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Las pesquisas, desarrolladas por la Guardia Civil en coordinación con Eurojust, se originaron a raíz de una solicitud de cooperación internacional emitida por las autoridades de Ucrania, país donde Sharii es una figura crítica con la administración de Volodimir Zelenski.

La investigación se centra en el análisis de las transferencias, gastos y pagos realizados por el matrimonio en territorio español entre los años 2018 y 2022. Según los informes de la Guardia Civil, existen sospechas de que los fondos utilizados por la pareja podrían tener su origen en actividades vinculadas a los servicios de inteligencia de Rusia, basándose en comisiones rogatorias y datos proporcionados anteriormente por los servicios de información de Ucrania y Polonia.

Por su parte, los periodistas niegan rotundamente las acusaciones y sostienen que la totalidad de sus ingresos procede de la actividad profesional de Sharii en la plataforma YouTube, donde cuenta con más de tres millones de suscriptores. La defensa argumenta que existe una trazabilidad clara de los fondos y manifiesta su disposición a regularizar cualquier discrepancia tributaria con la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), si bien consideran que el proceso judicial es, en realidad, una prolongación de la «persecución política» que sufren por sus contenidos informativos.

En el marco de estas diligencias, que han permanecido bajo secreto de sumario durante dos años, la Guardia Civil procedió este verano al registro de la vivienda actual de los comunicadores, incautando diversos dispositivos electrónicos. Esta acción ha generado preocupación en el entorno de los periodistas, quienes temen que el acceso a sus terminales comprometa la identidad de sus fuentes periodísticas dentro de Ucrania, en un momento en que Sharii ha denunciado diversos casos de corrupción en el Ejecutivo de Kiev.

Cabe recordar que este no es el primer procedimiento judicial que afecta a Sharii en España. En 2022, la Audiencia Nacional rechazó una solicitud de extradición cursada por Ucrania por los delitos de «alta traición» y «propaganda de guerra». El tribunal denegó la entrega al constatar que el periodista contaba con el estatus de refugiado político concedido previamente por Lituania y por ser demandante de asilo en España, país donde ha residido de forma estable desde 2016.

La situación de seguridad de los investigados también ha sido objeto de controversia. En el último año, el matrimonio denunció haber sido víctima de ataques con artefactos incendiarios en su anterior domicilio en la provincia de Tarragona y de amenazas directas por parte de grupos de compatriotas. Debido a estos incidentes y a la falta de medidas de protección, los periodistas han trasladado su residencia fuera de España, desde donde aseguran que continuarán defendiendo su inocencia ante los tribunales españoles.

Los investigadores han admitido en el sumario que no se han analizado los más de 3.000 vídeos publicados por Sharii, lo que supone una de las principales críticas de la defensa, que insiste en que el contenido generado es la fuente legítima de su patrimonio. El procedimiento continúa su curso en sede judicial para determinar si los indicios aportados por las autoridades internacionales y la inspección fiscal constituyen una infracción penal en España.