La Seguridad Social reclama 671,3 millones de euros por cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reclamado un total de 671,3 millones de euros por cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde la implantación de esta prestación en el año 2020. Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del Portal de Transparencia, de la cantidad total exigida, la Administración ha logrado recuperar hasta la fecha 375,9 millones de euros mediante diversos mecanismos de reintegro y compensación.
El desglose de las cuantías reclamadas diferencia dos vías principales de actuación. Por un lado, 500,4 millones de euros corresponden a procedimientos generales y especiales de reintegro. De este bloque, se han recuperado efectivamente 209,7 millones de euros. Por otro lado, el organismo ha utilizado la compensación directa sobre las nóminas de la prestación para reclamar otros 170,9 millones de euros, logrando una tasa de retorno mucho más elevada en esta modalidad, con 166,1 millones ya reintegrados a las arcas públicas.
En cuanto al perfil de los expedientes firmes sujetos a procedimientos de reintegro, las cifras oficiales reflejan que 152.122 corresponden a titulares de nacionalidad española y 23.284 a ciudadanos extranjeros. En términos económicos, la deuda reclamada a beneficiarios españoles por estas vías asciende a 426,5 millones de euros (de los que se han recuperado 179,5 millones), mientras que a los extranjeros se les han exigido 73,9 millones (con un reintegro efectivo de 30,3 millones).
La Seguridad Social atribuye el origen de estos cobros indebidos, en su mayor parte, a los procesos de actualización anual de la cuantía del IMV. Dado que el organismo recalcula la prestación cuando dispone de la información tributaria definitiva del ejercicio anterior, se generan desajustes entre el importe abonado mensualmente y el que finalmente corresponde según la renta real del beneficiario. Esta regularización, de carácter retroactivo, puede derivar en deudas para el ciudadano sin que ello implique necesariamente una intención fraudulenta.
Para mitigar el impacto de estas devoluciones en las economías vulnerables, el sistema de compensación directa permite descontar cuotas mensuales de la ayuda vigente, siempre que se garantice que el perceptor mantenga al menos el 30% de la prestación. No obstante, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya recomendó en 2024 aumentar la frecuencia de las actualizaciones de datos —a periodos mensuales o trimestrales— para evitar que las deudas acumuladas alcancen importes difíciles de asumir por los beneficiarios.
A pesar del volumen de información proporcionado, el Ministerio ha rechazado facilitar datos específicos sobre el número de mensualidades abonadas indebidamente o el impacto de estos reintegros en unidades de convivencia con menores de edad. La Administración se ampara en el artículo 18.1.c de la Ley de Transparencia, alegando que dicha información requeriría una labor de reelaboración estadística y un consumo de recursos técnicos del que no dispone actualmente de forma automatizada.
Desde la creación del Ingreso Mínimo Vital en junio de 2020, el Gobierno ha destinado más de 22.724 millones de euros al pago de estas nóminas. Hasta septiembre de 2024, la prestación protegía a 2,76 millones de beneficiarios en España, habiéndose tramitado más de 4,3 millones de solicitudes. La Seguridad Social subraya que la gestión de estas deudas puede dilatarse durante varios ejercicios presupuestarios, lo que dificulta una comparativa exacta entre lo reclamado y lo recuperado en un mismo año natural.
