La Autoridad del Informante protege al denunciante de la presunta malversación en las consejerías de Turismo

La Autoridad Independiente de Protección del Informante ha declarado oficialmente como «persona informante protegida» al denunciante de una presunta trama de malversación de caudales públicos en las Consejerías de Turismo en el exterior. Esta decisión se produce tras verificar la gravedad de los hechos denunciados, que apuntan a un sistema de dietas presuntamente infladas, y contraviene el archivo interno que la administración había realizado inicialmente sobre el caso.

El organismo independiente, creado bajo el marco de la directiva europea de protección al denunciante (conocida como directiva Whistleblowing), ha intervenido tras constatar indicios de irregularidades en la gestión financiera de diversos organismos públicos encargados de la promoción de la Marca España. La resolución de protección llega en un momento en que el querellante ha sido cesado de su puesto, una acción que ha sido denunciada como una presunta represalia y que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.

La investigación judicial se centra en un posible mecanismo «reiterado» en el tiempo mediante el cual se habrían desviado fondos públicos de manera sistemática. Según la denuncia, el epicentro de estas prácticas se sitúa en la Consejería de Turismo de Oslo, aunque las pesquisas sugieren que procedimientos similares podrían haberse reproducido en las sedes de Nueva York y Milán, entre otras oficinas internacionales.

El núcleo de la presunta irregularidad radica en el abono de dietas por gastos de manutención en comisiones de servicio que, según la documentación aportada, ya se encontraban cubiertas por los programas oficiales de las actividades subvencionadas. La querella sostiene que estas prácticas no fueron actuaciones aisladas, sino un sistema permitido por los responsables de área para otorgar complementos económicos adicionales al personal, más allá de los límites salariales establecidos por la administración pública.

En el ámbito jurisdiccional, la Fiscalía ha detectado indicios de fraude y debate actualmente si la competencia del caso recae en un tribunal ordinario o en la Audiencia Nacional. El Ministerio Público sostiene que los hechos descritos en la querella podrían implicar a distintos niveles de la organización administrativa, señalando que altos cargos del Ministerio de Industria y Turismo habrían sido informados de estas prácticas sin que se tomaran medidas correctoras para frenarlas.

La querella presentada solicita la investigación de ocho cargos y altos cargos vinculados al Instituto de Turismo de España (Turespaña). Los delitos que se barajan incluyen malversación de caudales públicos, encubrimiento, desobediencia y tráfico de influencias. Por su parte, Turespaña no ha emitido ninguna valoración oficial tras ser consultada sobre estos procedimientos judiciales y administrativos.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante, dirigida por el catedrático Manuel Villoria, actúa de forma autónoma respecto al Gobierno y tiene como función principal evitar represalias contra aquellos que denuncian actos de corrupción. En este caso, la declaración de protección refuerza la posición jurídica del denunciante en un escenario donde los responsables de las consejerías exteriores perciben retribuciones que, en ciertos casos, oscilan entre los 140.000 y los 300.000 euros anuales.