La Audiencia Nacional avala la investigación a Zapatero por presunta mediación en Bolivia

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la validez de la investigación abierta al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con un pago de 200.000 euros abonado por el grupo empresarial peruano Gloria. El tribunal ha desestimado íntegramente el recurso de apelación presentado por la defensa del exmandatario, confirmando las actuaciones previas del Juzgado de Instrucción y declarando la firmeza de la resolución.

En un auto judicial reciente, los magistrados rechazan los argumentos de la defensa, que sostenía que se estaba realizando una «investigación prospectiva» y que se había producido un acceso indiscriminado a las cuentas bancarias del expresidente sin el preceptivo mandamiento judicial. La Sala, por el contrario, ha impuesto las costas procesales a Rodríguez Zapatero tras validar los indicios que vinculan los cobros percibidos con posibles labores de intermediación ante las autoridades de Bolivia.

El origen de esta pieza separada se encuentra en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregado el pasado mes de junio. Según la investigación policial, Zapatero habría percibido dicha remuneración de la mercantil Focus Social Research SAC —vinculada al holding peruano Gloria— a cambio de tratar de influir en la Administración Pública de Bolivia para el cobro de indemnizaciones pendientes en el marco de litigios millonarios.

La defensa del expresidente argumentó que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y la Policía Judicial sobrepasaron el perímetro fijado originalmente por la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, alegaron que los datos bancarios y la información extraída de los dispositivos de su secretaría personal fueron obtenidos de forma ilícita para indagar en una actividad profesional ajena al objeto inicial de la causa principal.

Sin embargo, la resolución de la Audiencia Nacional sostiene que los hechos presentan una conexión clara con el procedimiento. Los magistrados subrayan que del volcado de archivos intervenidos en los registros judiciales del pasado mes de mayo surgieron nuevos datos que apuntan a un posible delito de tráfico de influencias, lo que justifica el análisis del perfil patrimonial del investigado durante los últimos cinco años.

Con esta decisión, la justicia española mantiene abierta la línea de investigación sobre las actividades de asesoría del expresidente en el extranjero, al considerar que los indicios aportados por la UDEF son suficientes para continuar con las pesquisas judiciales y esclarecer la naturaleza de los pagos recibidos desde el entorno empresarial peruano.