El Gobierno aprueba un decreto para reforzar la seguridad ferroviaria y la protección social de los maquinistas
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley de medidas urgentes destinado al refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y a la ampliación de la protección social de los profesionales del sector. La norma, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), busca dar respuesta a las reivindicaciones sindicales y actualizar el marco normativo tras las reuniones mantenidas por el Ejecutivo con los representantes de los trabajadores.
Una de las novedades principales de la legislación es el reconocimiento explícito del derecho de los maquinistas a adoptar medidas ante situaciones de «riesgo grave e inminente». Bajo este nuevo supuesto, el personal de conducción podrá decidir de manera autónoma la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciar el trayecto si considera que la seguridad está comprometida. Esta facultad conlleva la obligación de comunicar la incidencia sin demora a los agentes correspondientes para su gestión y análisis.
En lo que respecta a la jornada laboral, el decreto precisa los criterios para el cómputo de los tiempos de conducción. A partir de ahora, se incluirán como tiempo de actividad las maniobras de manejo del vehículo en movimiento y los periodos de interrupción inferiores a 45 minutos, incluso si el maquinista ha sido relevado de la responsabilidad del convoy. Asimismo, se establece que en los casos de conducción por parejas de maquinistas, el tiempo computará de forma simultánea para ambos, y se integrarán los periodos realizados en redes ajenas a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG).
El texto introduce además los principios de «cultura justa» en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario. Esta modificación regula la creación de canales de comunicación de riesgos que garantizan la confidencialidad de los informantes. El sistema establece la ausencia de sanciones para el personal que comunique riesgos de forma previa, siempre que cese la conducta infractora y colabore plenamente con la investigación, promoviendo un entorno de seguridad basado en la prevención y el reporte de fallos operativos.
En el ámbito de la protección social, el real decreto-ley extiende el régimen de coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal de empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables de la RFIG. Con esta medida se busca garantizar la igualdad de trato para profesionales que desempeñan funciones idénticas en actividades calificadas como penosas o peligrosas. En paralelo, se iniciará un procedimiento de revisión de estos coeficientes, con participación sindical, para estudiar la incorporación de otras categorías profesionales expuestas a condiciones de insalubridad o toxicidad.
Finalmente, la norma refuerza las capacidades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Las entidades del sector, tanto físicas como jurídicas, estarán obligadas a facilitar el acceso del personal inspector a sus instalaciones, equipos y material rodante. Esta disposición permite que la agencia desarrolle sus funciones con independencia de la titularidad de los activos necesarios para la inspección, asegurando un control integral de la seguridad en toda la red ferroviaria nacional.
