El Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad contra 20 artículos de la ley de medidas de la Comunidad Valenciana
El Consejo de Ministros ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra varios preceptos de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Financieras de la Generalitat Valenciana. El Ejecutivo central fundamenta la impugnación de 20 de los 200 artículos de la norma en la presunta vulneración de derechos fundamentales, especialmente el principio de igualdad, y en la invasión de competencias exclusivas de la Administración General del Estado.
El recurso se estructura en seis bloques diferenciados que afectan a materias de vivienda, servicios sociales, derechos LGTBI, protección de la infancia y función pública. Uno de los puntos centrales de la impugnación es la introducción de los criterios de «prioridad nacional» y arraigo para acceder a recursos públicos. El Gobierno sostiene que supeditar el acceso a la vivienda y a prestaciones sociales al origen de los solicitantes contraviene los artículos 14 y 9.2 de la Constitución, que garantizan la igualdad real y efectiva de los ciudadanos.
En el ámbito de los derechos LGTBI, el Ejecutivo cuestiona el cambio en la normativa educativa valenciana, que sustituye el carácter obligatorio de las actuaciones de promoción de la igualdad por una previsión potestativa. Según el recurso, esta modificación contradice la normativa básica estatal, que establece la imperatividad de estas acciones en los centros educativos, incurriendo así en una presunta invasión de las competencias del Estado sobre la regulación de las enseñanzas.
Respecto a la protección de los menores y los derechos de la infancia, la impugnación señala que la norma valenciana extiende la protección del derecho a la vida a los no nacidos, una previsión que, a juicio del Gobierno, contradice el artículo 15 de la Constitución y el régimen jurídico de la personalidad. Asimismo, el recurso advierte que la obligación de proteger la vida en situaciones de riesgo podría obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, regulado por legislación estatal.
La Administración del Estado también ha impugnado la obligación de llevar el rostro descubierto en espacios públicos como el transporte, centros sanitarios y educativos. El Ejecutivo argumenta que esta medida afecta a competencias estatales en materia de seguridad pública y sanidad, y que su régimen de infracciones podría generar efectos discriminatorios contrarios al principio de igualdad constitucional.
Finalmente, el recurso aborda cuestiones relativas a las energías renovables y la función pública. En materia energética, se alega la invasión de competencias estatales en planificación económica y medio ambiente. En cuanto a la función pública, se cuestiona la exigencia de diez años de antigüedad para que funcionarios de otras administraciones accedan a la Dirección Pública Profesional valenciana, un requisito que no se aplica a los empleados propios de la Generalitat, lo que el Estado considera una vulneración del sistema de provisión de puestos de trabajo.
Con esta decisión, el procedimiento pasa ahora al Tribunal Constitucional, que deberá decidir sobre la admisión a trámite y la posible suspensión de los artículos impugnados, basándose en la confrontación de competencias y el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna.
