La Fiscalía mantiene la petición de ocho años de cárcel para el acusado de retener a una estudiante en Santander

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha celebrado este martes el juicio contra un hombre acusado de introducir por la fuerza en su vivienda a una estudiante de Erasmus, vecina suya, a la que presuntamente mantuvo retenida y maniatada. El Ministerio Fiscal ha ratificado su solicitud de ocho años de prisión para el procesado por delitos de detención ilegal, amenazas, lesiones leves y tenencia de armas prohibidas.

Durante la vista oral, el acusado ha reconocido haber «inmovilizado» a la joven, aunque ha matizado que la retención duró entre «15 y 20 minutos», frente a las más de dos horas que sostiene la acusación. El procesado calificó su propia conducta como una «salvajada» y aseguró ante el tribunal que, en el momento de los hechos, se sintió arrepentido al considerar que lo que estaba ocurriendo era «surrealista» y carente de toda lógica.

Por su parte, la víctima ha mantenido una versión opuesta sobre la intensidad de la agresión. En su declaración, la estudiante manifestó que el hombre la introdujo en el domicilio «agarrada del cuello», para posteriormente esposarla y amenazarla con causarle «muchísimo daño». Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo en un edificio de Santander, momento desde el cual el implicado se encuentra en situación de prisión provisional.

La Fiscalía, además de la pena privativa de libertad, ha elevado a 5.000 euros la indemnización solicitada por las lesiones y los daños morales causados, una petición a la que se ha sumado la acusación particular. El Ministerio Público sostiene que los objetos hallados y la naturaleza de la detención justifican la calificación penal de los hechos y la severidad de la sanción propuesta.

La defensa ha expresado su disconformidad con las conclusiones de las acusaciones, argumentando que no se ha acreditado la finalidad de la retención. Respecto a los objetos de índole sexual encontrados en la vivienda, la representación del acusado sostuvo que pueden emplearse en prácticas consentidas. En cuanto al arma prohibida, alegó la ausencia de un «plus de peligrosidad» y el desconocimiento del procesado sobre la ilegalidad de su posesión.

Subsidiariamente, la defensa ha solicitado que, en caso de condena, se imponga la pena mínima de dos años de cárcel, fundamentándose en que el acusado carece de antecedentes penales. Asimismo, ha cuestionado la indemnización por daños morales al considerar que no se ha aportado un informe técnico que avale dicha cuantía.

Al finalizar la sesión, tanto la Fiscalía como la acusación particular han solicitado el mantenimiento de la prisión provisional para el detenido alegando «riesgo de fuga». No obstante, el procesado ha declarado que no tiene intención de abandonar el país, señalando que nunca ha salido de España y que no desea agravar su situación tras haberse «equivocado tanto». El juicio ha quedado visto para sentencia.