El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley de 182,2 millones de euros para paliar los daños de la dana Adam
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que contempla una inversión de 182,2 millones de euros destinada a reparar los daños causados por el temporal de lluvia e inundaciones derivado de la dana Adam, que afectó especialmente al litoral mediterráneo y a las Islas Baleares entre los días 17 y 19 de octubre. Este paquete de medidas urgentes incluye partidas específicas para los sectores agrícola, comercial y turístico, así como disposiciones fiscales y financieras para las administraciones locales y los ciudadanos afectados.
La mayor dotación presupuestaria corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con una movilización de 88,7 millones de euros para el sector agrario. Estos fondos se dirigirán prioritariamente a la restauración de caminos agrícolas de titularidad pública y a la reparación de infraestructuras de regadío dañadas. Asimismo, se establecen ayudas directas para los agricultores que cuenten con una póliza de seguro agrario, a quienes se les abonará hasta el 70 % del coste de la misma, cubriendo además aquellos daños que no queden amparados por la indemnización ordinaria del seguro.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico gestionará 74,5 millones de euros para labores de reparación, protección y mejora de las zonas afectadas. De esta cantidad, 70 millones de euros se invertirán de forma específica en la costa de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de ejecutar obras de reparación y nuevas actuaciones que aumenten la resiliencia del litoral frente a futuros temporales. El presupuesto restante se distribuirá entre la Confederación Hidrográfica del Júcar (3 millones de euros) y la del Segura (1,5 millones de euros).
En el ámbito del comercio minorista, la hostelería y el sector turístico, el Gobierno ha dispuesto una partida de 15 millones de euros en ayudas directas. Según ha informado Presidencia del Gobierno, la cuantía de la ayuda por establecimiento afectado será de 5.000 euros para los trabajadores autónomos y de 10.000 euros para las pequeñas y medianas empresas o entidades sin personalidad jurídica.
El Real Decreto-ley introduce también una serie de medidas financieras diseñadas para facilitar la reconstrucción en el ámbito municipal. Los ayuntamientos afectados podrán destinar el superávit presupuestario de los ejercicios 2025, 2026 y 2027 a inversiones financieramente sostenibles vinculadas a los daños de la catástrofe. Además, los gastos extraordinarios derivados de la dana no computarán a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales, y los consistorios quedarán exentos de elaborar planes económico-financieros por posibles incumplimientos presupuestarios entre 2025 y 2026.
En el plano tributario, la norma establece exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes al ejercicio 2026 para los inmuebles y actividades afectados directamente. El Estado compensará a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos derivada de estas medidas. Finalmente, se aplicarán reducciones en el IRPF y el IVA para las explotaciones agrarias damnificadas, y se ha dispuesto que todas las ayudas públicas concedidas por las distintas administraciones en este marco estén exentas de tributación en el IRPF.
