El PP propone derogar la LOMLOE y establecer una prueba de acceso a la universidad común en su programa electoral
El Partido Popular ha presentado este martes su documento estratégico titulado ‘Reconstrucción Nacional’, una hoja de ruta que detalla sus principales propuestas programáticas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En el ámbito educativo, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo plantea la sustitución de la actual LOMLOE —la denominada ‘ley Celaá’— por un nuevo marco normativo que endurece los requisitos para la promoción de curso y establece una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) única para todo el territorio nacional.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, aboga por un modelo educativo fundamentado en el refuerzo de las competencias básicas en Educación Primaria, específicamente en lectura y cálculo. Para lograr este objetivo, el PP propone un plan de mejora dotado de recursos adicionales para los centros con mayores dificultades sociodemográficas. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la formación recuperaría el criterio de promoción con todas las asignaturas aprobadas, estableciendo programas de refuerzo obligatorio para aquellos alumnos que presenten dificultades antes de proceder a la repetición de curso.
Reforma de la carrera docente y acceso al Grado de Magisterio
La propuesta de los populares pone el foco en la profesionalización de la docencia mediante la exigencia de una nota mínima de entrada para acceder al grado de Magisterio. El plan incluye la creación de una carrera profesional reglada, la profesionalización de la función directiva y la reducción de las cargas burocráticas que afectan al profesorado. Asimismo, se contemplan incentivos para atraer a profesionales especializados en las áreas de matemáticas, física y tecnología, así como gratificaciones por el desempeño en centros de especial dificultad.
En el plano jurídico, el Partido Popular se compromete a que la Administración asuma la defensa legal de los docentes en casos de agresión. Paralelamente, el programa incluye un protocolo nacional contra el acoso escolar, coordinado con las comunidades autónomas, que integra la detección precoz en entornos digitales y la intervención conjunta de los servicios sanitarios y sociales. Según el documento, las sanciones por acoso tendrán un carácter educativo y reparador, garantizando que la víctima no se vea obligada a cambiar de centro escolar.
Libertad de elección y gratuidad de 0 a 3 años
En materia de libertad educativa, el PP garantiza que las familias podrán elegir el centro de su preferencia dentro de su municipio de residencia bajo criterios públicos. El programa asegura la estabilidad de los centros concertados mediante contratos de al menos seis años y módulos económicos que cubran el coste real de la plaza. Respecto a la educación especial, el partido asegura que estos centros continuarán escolarizando a los alumnos que lo precisen, respetando la voluntad de las familias en el proceso de decisión.
Una de las medidas de mayor calado económico es la implantación de la educación gratuita de 0 a 3 años, que sería financiada al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Además, el texto subraya el compromiso de garantizar el derecho a recibir enseñanza en castellano en todas las etapas educativas en todo el país, en cumplimiento de las sentencias judiciales y respetando la coexistencia con las lenguas cooficiales. En cuanto a los currículos de Historia, el PP propone que su elaboración dependa de las Reales Academias y sociedades científicas, incorporando el estudio de la Constitución, la Transición y la memoria de las víctimas del terrorismo.
Formación Profesional y modelo universitario
Para la Formación Profesional (FP), la formación plantea la creación de un Mapa Nacional que identifique y potencie los ciclos con mayor empleabilidad. Se propone una unificación de reglas para la FP Dual en todo el país, facilitando la incorporación de empresas de cualquier tamaño mediante incentivos fiscales. Como medida de fomento, los alumnos que opten por ciclos de alta demanda de empleo estarán exentos del pago de la matrícula.
Finalmente, en el ámbito universitario, el Partido Popular apuesta por una mayor autonomía de gestión para los centros a cambio de un sistema de rendición de cuentas basado en la empleabilidad, la calidad investigadora y la proyección internacional. El sistema de becas se definirá como un derecho por ley vinculado tanto a la necesidad económica como al rendimiento académico, unificando los umbrales de acceso entre la universidad y la Formación Profesional y creando becas específicas de excelencia para los mejores expedientes.
