Un informe internacional analiza la jurisprudencia europea para facilitar el acceso a cirugías de transición en la sanidad pública
La organización Transgender Europe (TGEU), que agrupa a más de 200 entidades de Europa y Asia, ha publicado un informe titulado «Evolución jurídica en materia de asistencia sanitaria específica para personas trans: un análisis de la jurisprudencia nacional en la UE». El documento analiza las decisiones judiciales de los últimos quince años en varios Estados miembros, entre ellos España, para ofrecer una guía sobre cómo promover el acceso a tratamientos hormonales y cirugías mediante la financiación o el reembolso por parte de los sistemas públicos de salud.
El informe sostiene que las administraciones estatales tienen la obligación de facilitar y sufragar la asistencia sanitaria específica cuando se determine que es médicamente necesaria para mitigar el malestar psicológico. Para ello, la organización se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y revisa sentencias nacionales de países como Alemania, Francia, Países Bajos, Austria y Dinamarca, con el fin de profundizar en el uso de los litigios como herramienta para avanzar en la cobertura sanitaria.
En el caso específico de España, el documento destaca varios precedentes del Tribunal Superior de Justicia que han condicionado la gestión de la sanidad pública. Entre los ejemplos citados se encuentra una sentencia de 2023 que concedió el reembolso parcial de una faloplastia realizada en el ámbito privado al considerar injustificada la denegación en el sistema público. Asimismo, se menciona un fallo de 2018 que ordenó la intervención inmediata ante una espera superior a los 180 días legales, argumentando una vulneración de derechos fundamentales.
El análisis de TGEU detalla estrategias legales para cuestionar las barreras administrativas, tales como alegar «urgencia vital» por deterioro psicológico, el incumplimiento de los plazos máximos de espera o la inexistencia de centros de referencia especializados. Estas vías judiciales buscan que la Administración asuma el coste de intervenciones en clínicas privadas cuando no pueda ofrecer el servicio en un tiempo razonable o bajo los criterios clínicos establecidos por cada comunidad autónoma.
La publicación también aborda la jurisprudencia relativa a menores de edad. El informe recoge una sentencia de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechazó suspender un tratamiento hormonal cruzado en una persona de 16 años, así como un fallo en Zaragoza que derivó en el reembolso de una mastectomía a un menor de 18 años, al considerar que la demora hasta la mayoría de edad no estaba justificada en ese caso concreto.
Por su parte, organizaciones como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han manifestado su oposición al contenido del informe. Este colectivo sostiene que el documento funciona como un manual de «litigios estratégicos» diseñado para sortear los protocolos clínicos y las restricciones de edad vigentes. Según la Alianza, la finalidad última es obligar a la sanidad pública a asumir intervenciones realizadas en el sector privado mediante la judicialización de los procesos.
Finalmente, el informe de TGEU —organización que cuenta entre sus fuentes de financiación con la Open Society Foundations, la Comisión Europea y el Consejo de Europa— aclara que el acceso a la gratuidad total no es un derecho automático. Los resultados de los litigios dependen del cumplimiento de requisitos formales, como la acreditación de la urgencia o la existencia de listas de espera que excedan los marcos legales establecidos.
