El PP mantendrá la participación del Estado en CaixaBank con el objetivo de recuperar el rescate íntegro de Bankia
El Partido Popular (PP) ha definido su estrategia respecto a la presencia pública en el sector financiero ante un eventual cambio de Gobierno. La formación prevé conservar el 18% del capital que el Estado mantiene en CaixaBank, una participación heredada de la antigua Bankia y canalizada a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El objetivo principal de esta medida es maximizar los ingresos para el erario público mediante el cobro de dividendos y aprovechar la tendencia alcista de la cotización para recuperar los 22.424 millones de euros del rescate de 2012.
Esta decisión supone una aplicación pragmática de la política económica de la formación, que posterga el principio general de salida del Estado de empresas privadas en favor de la rentabilidad financiera. Fuentes del partido señalan que la actual coyuntura bursátil y la generosa política de retribución al accionista de la entidad ofrecen un escenario favorable para los intereses del Estado, lo que justifica el aplazamiento de la venta de la participación hasta que se alcancen niveles de valoración óptimos.
Según los datos financieros actuales, el Estado se encuentra en una posición cercana a completar la recuperación nominal de las ayudas inyectadas en Bankia. Hasta la fecha, el FROB ha acumulado 5.530 millones de euros procedentes de dos vías: 3.408 millones de euros en dividendos percibidos entre 2014 y 2025, y 2.122 millones de euros obtenidos de desinversiones parciales previas a la fusión. Si a esta cifra se suma el valor de mercado actual de la participación, que asciende a unos 15.120 millones de euros tras una revalorización de la acción cercana al 600% desde la fusión, el importe total recuperable se sitúa en torno a los 21.000 millones de euros.
La recuperación total del auxilio financiero es un hito de especial relevancia institucional para el PP, vinculada al compromiso adquirido durante el mandato de Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía. La viabilidad de este plan se apoya en el elevado pay-out de CaixaBank, situado entre el 50% y el 60%, una política de dividendos impulsada por su principal accionista, la Fundación La Caixa, para financiar su obra social y que beneficia directamente a la participación estatal.
A pesar del optimismo en las cifras, la estrategia conlleva riesgos inherentes a la exposición bursátil. El valor de la participación del Estado queda supeditado a la estabilidad de los mercados financieros y a factores macroeconómicos que podrían lastrar la cotización bancaria, como la evolución de la deuda pública en el entorno europeo o posibles correcciones en el sector tecnológico. No obstante, el análisis técnico actual de la formación prioriza la permanencia en el capital como la vía más eficaz para salvaguardar los fondos públicos empleados en el saneamiento del sistema bancario.
Finalmente, esta postura de continuidad en CaixaBank contrasta con otros movimientos en el ámbito empresarial, mientras que la integración administrativa del FROB con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha quedado paralizada temporalmente tras la convocatoria electoral.
