Figuras del sector cultural se suman a las movilizaciones por la vivienda y salarios dignos en San Sebastián
La actriz Ester Expósito y otros representantes de la industria cinematográfica han participado este miércoles en las manifestaciones convocadas en San Sebastián con motivo de la huelga general. Las jornadas de protesta, impulsadas por diversas organizaciones sindicales, han tenido como ejes principales la reivindicación del derecho a la vivienda y la exigencia de incrementos salariales frente al aumento del coste de la vida.
Expósito, quien se encuentra actualmente en la provincia de Guipúzcoa trabajando en el rodaje de «La Regenta», acudió a la movilización junto al actor Carlos González. Ambos forman parte del elenco de la nueva adaptación de la obra de Leopoldo Alas ‘Clarín’, dirigida por la cineasta Mar Coll, y se sumaron a la columna principal para expresar su apoyo a las demandas sociales planteadas por los trabajadores.
La marcha organizada por las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) partió a las doce del mediodía desde Alderdi Eder. Los manifestantes se desplazaron tras una pancarta con el lema «11N huelga general. Salarios. Vivienda. Precios», consigna que reclama una intervención directa en los precios del mercado inmobiliario y una recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Simultáneamente, otra movilización convocada por la mayoría sindical vasca —integrada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru— y colectivos sociales como el Sindicato Socialista de Vivienda, inició su recorrido desde la plaza Pío XII. Esta segunda convocatoria, que reunió a miles de asistentes bajo el lema contra la especulación y el empobrecimiento, contó con la presencia de representantes políticos de EH Bildu y figuras destacadas de la cultura como el actor Jon Olivares y el productor Ander Sagardoy.
El seguimiento de la jornada de huelga en San Sebastián pone de manifiesto la creciente preocupación social por el acceso habitacional en el País Vasco, una de las comunidades con los precios más elevados del Estado. Las organizaciones convocantes han instado a las administraciones públicas a aplicar medidas estructurales que garanticen los derechos básicos frente a las dinámicas del mercado actual.
